BEIRUT
Agencia AP
En las primeras horas del 21 de agosto de 2013, los cohetes con agentes químicos tóxicos se estrellaron contra Ghouta y Moadamiyeh, suburbios de la capital siria. Cientos de personas murieron en lo que el jefe de la ONU calificó como «el peor uso de armas de destrucción masiva en el siglo XXI».
La oposición siria y sus aliados, entre ellos Estados Unidos, acusan a Damasco de perpetrar el ataque. El gobierno del presidente Bashar Assad niega la responsabilidad, y a su vez culpa a los rebeldes.
Inspectores de la ONU realizaron una rápida investigación que determinó que cohetes cargados con sarín habían sido lanzados de una zona donde el ejército sirio tiene bases. Pero el mandato limitado de la investigación de la ONU no autorizó a los expertos a identificar quién era responsable por el ataque.
El gobierno de Barack Obama, por su parte, amenazó con lanzar ataques aéreos punitivos contra el gobierno sirio, lo que provocó un frenesí diplomático que con el tiempo dio lugar a que Assad aceptara un acuerdo negociado por Estados Unidos y Rusia para renunciar a su arsenal químico.
Durante los últimos 11 meses, una misión conjunta de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha supervisado la eliminación de todos los arsenales químicos declarados de Siria y los ha transportado al extranjero para su destrucción. Más del 80% de esos materiales han sido neutralizados hasta el momento, de acuerdo con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente y el Norte de África de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, celebró la eliminación del arsenal químico de Siria, pero dijo que su destrucción «no hará nada por los cientos de víctimas que murieron hace un año y los familiares que les sobreviven».
«Cerrar el capítulo de la cuestión de las armas químicas en Siria será posible sólo cuando los que ordenaron y ejecutaron los ataques de Ghouta hayan rendido cuentas y estén tras las rejas», dijo Houry el jueves en un comunicado.
