Por ALICIA A. CALDWELL
WASHINGTON / Agencia AP
Hay algunos límites bajo la ley federal, y cualquier cosa que la Casa Blanca decide hacer en última instancia puede ser impugnada en los tribunales como inconstitucional. Pero destacados expertos legales dicen que la Casa Blanca casi con seguridad podría retrasar indefinidamente los esfuerzos para deportar a millones de inmigrantes que ya están en Estados Unidos sin autorización legal, y que podría darles permisos de trabajo oficiales que les permitan encontrar legalmente empleos, obtener licencias de conducir y pagar impuestos sobre la renta.
Esto es lo que Obama no podría hacer sin la aprobación del Congreso: En general no podría dar a grandes grupos de inmigrantes permiso para quedarse permanentemente en Estados Unidos, y no podría concederles la ciudadanía estadounidense. Y no podría en general hacerlos elegibles para programas de beneficios sociales federales o estatales, tales como pagos de asistencia social.
Dado que el Congreso se negó a aprobar cambios significativos en las leyes de inmigración, la Casa Blanca está dando a entender que Obama sopesa ampliar un programa de suspensión temporal de deportaciones, conocido como Acción Diferida para Llegadas de Infantes, a fin de proteger temporalmente de la deportación a muchos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y permitirles conseguir un permiso de trabajo. Los defensores de la reforma migratoria han estado presionando para incluir a los padres de ciudadanos estadounidenses y los padres de los jóvenes inmigrantes ya protegidos en el marco del programa anterior, que cubre a más de 700.000 inmigrantes hasta el momento.
En total, la ampliación del programa podría afectar hasta a cinco millones de inmigrantes que llegaron sin autorización legal a Estados Unidos.
Los republicanos en el Congreso, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes John Boehner, han dicho que Obama no está haciendo cumplir las leyes de Estados Unidos al ignorar en la práctica la inmigración sin permiso legal.
En un desafío directo a las políticas de Obama, la Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó la noche del viernes una legislación que parecía diseñada para evitar que aquellos que ya han conseguido permisos de trabajo en el marco del programa de suspensión temporal de deportación lo puedan renovar, lo que en última instancia los haría sujetos a deportación. Dado que el Senado es controlado por los demócratas, parece improbable que el proyecto de ley avance.
Entonces, ¿Qué tan poderosamente puede actuar Obama sin la aprobación por el Congreso?
El presidente anunció en marzo que había indicado al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson que revisara las políticas de control migratorio de la administración y recomendara posibles cambios. En mayo, Obama retrasó la revisión para dar tiempo a que el Congreso actuara sobre la reforma migratoria antes de que saliera de vacaciones de verano esta semana.
Antes de salir para el receso de cinco semanas, el Congreso no aprobó la legislación para proporcionar la financiación que Obama pidió a fin de ayudar a lidiar con los más de 57.000 niños inmigrantes no acompañados, en su mayoría de Centroamérica, que han cruzado la frontera de Estados Unidos con México desde el 1ro de octubre.
Obama dijo el viernes que los republicanos en la Cámara de Representantes intentaban aprobar «los proyectos de ley más extremos e inviables», a sabiendas de que no llegarían hasta su escritorio. La noche del viernes, la Cámara aprobó un proyecto de ley que enviaría a los jóvenes migrantes de vuelta a casa sin concederles una audiencia, una medida que también parecía destinada a naufragar en el Senado.
«Eso significa que mientras ellos están fuera de vacaciones, yo tendré que tomar algunas decisiones difíciles para superar el reto, con o sin el Congreso», dijo el presidente.
David Leopold, un abogado de inmigración que ha apoyado los cambios administrativos anteriores de Obama a la ley de inmigración, dijo que no hay nada en la ley que exija que el gobierno deporte a todos los inmigrantes que viven sin autorización legal en el país.
La ley «hace a alguien susceptible a deportación, pero eso se remite a la aplicación de la ley de inmigración. Y eso está abierto a las prioridades de aplicación de la ley», dijo Leopold.
León Rodríguez, un ex abogado del departamento de Justicia y recién confirmado director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, dijo esta semana a los legisladores que el gobierno no cuenta con los recursos para deportar a los más de 11 millones de inmigrantes que se calcula viven sin permiso legal en Estados Unidos, «por lo que la pregunta es, ¿vamos a dejar que persistan en la economía sumergida o vamos a hacer que trabajen y paguen impuestos?»
Obama ya ha empujado los límites de su autoridad sobre la ley de inmigración más allá que sus predecesores.
Después de que un amplio proyecto de ley de inmigración fracasó en 2007, el presidente George W. Bush ordenó a su personal sopesar todos los cambios posibles que él podía hacer sin la aprobación del Congreso.
Gregory Jacob, quien trabajó en temas de inmigración con el Consejo de Política Nacional del presidente, dijo que en la lista estaba proporcionar amplias protecciones contra la deportación similares a las implementadas por Obama. Pero el personal de Bush concluyó que el presidente no tenía la autoridad legal para otorgar protecciones «categóricas de tal envergadura», dijo Jacob.
La directora de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas durante Bush, Julie Myers Wood, dijo que gran parte de la discusión en su momento se centró en pequeños cambios a los programas de visas u otros esfuerzos que afectarían a grupos de inmigrantes relativamente pequeños. Una de las preocupaciones, dijo, era la posibilidad de las «consecuencias no deseadas» de fomentar más inmigración sin permiso legal.
Los republicanos han dicho que Obama ha hecho lo que temía el gobierno de Bush. Muchos han culpado al presidente por el flujo de menores inmigrantes no acompañados.
