Por SONIA PEREZ D.
TOCOA / Agencia AP
Ramírez había visto mensajes en Facebook y había oído de parientes que las madres que viajan a Estados Unidos con sus hijos podrán permanecer en ese país si logran cruzar la frontera. Decidió entonces partir hacia el norte con su hijos Sandra, de ocho años, y César, de cinco y quien se llama igual que su difunto padre.
Dos semanas y miles de kilómetros más tarde, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos había devuelto a Ramírez a la tierra de la que había huido en la provincia hondureña de Colón. La mujer seguía temiendo ser asesinada por la misma gente que mató a su esposo y ahora no tenía ningún plan para salir de esa pesadilla.
«No me quería venir pensé», expresó. «No le voy a poder cumplir los sueños a mis hijos. Me decían vas a trabajar para que nos compres un teléfono, una computadora y juguetes. Yo les decía que sí y lo que pudiera les iba a dar. Ahora ya no va ser así».
Abrumadas por la cantidad de mujeres y niños no acompañados que están cruzando ilegalmente la frontera, las autoridades estadounidenses intensificaron las deportaciones de centroamericanos. Ramírez fue una de 58 mujeres y niños enviados la semana pasada a San Pedro Sula, considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo.
La inmigración ilegal de familias sobre todo centroamericanas y de menores sin sus padres alcanzó su máxima histórica este año al circular rumores de que los niños y las mujeres con menores podrían permanecer en Estados Unidos a la espera de que se resolviese su situación, lo que podía tomar años debido a los atrasos en la tramitación de estos casos. Más de 55.000 familias y de 57.000 menores no acompañados han llegado desde el 1ro de octubre y el gobierno de Barack Obama respondió ampliando la capacidad de alojar a inmigrantes detenidos y aumentando las deportaciones de familias, con lo que se procura desalentar más llegadas.
Durante un viaje en camión de seis horas a Tocoa, un valle agrícola donde abundan las mansiones, Ramírez describió la vida en una región donde nada genera las ganancias del narcotráfico. Un hermano fue asesinado en una disputa familiar y otro cuando fue a cobrar una deuda. Su esposo trabajaba en vuelos clandestinos con cargamentos de cocaína y una vez ganó 4.000 dólares en un solo día. A veces guardaba drogas en su modesta vivienda.
«Tengo miedo, porque cuando uno está involucrado en eso le pueden hacer algo a tu familia», dijo Ramírez.
La provincia de Colón es el centro de las operaciones de narcotráfico en Honduras, que se extienden por provincias caribeñas que son de las más peligrosas en un país con la tasa de asesinatos más alta del mundo. En el 2012 la DEA (Departamento Antidrogas Estadounidense) lanzó la Operación Anvil para combatir el flagelo, pero la suspendió tras la muerte de dos pilotos y cuatro civiles y los vuelos continúan.
Después de su muerte, los familiares de su marido se quedaron con la casa de la pareja. Lo único que le dejaron a la viuda de 27 años fue su moto, su ropa y unas pocas fotos tomadas con el celular, en las que él aparece siempre con su inseparable pistola.
Una mujer con dos hijos sin perspectivas de encontrar trabajo, Ramírez se quedó en la casa de su madre hasta que un pariente que vive en los Estados Unidos le envió dinero para un viaje en autobús por México y para pagarle a un coyote para que la ayudase a cruzar el río Bravo y llegar a Texas.
Ramírez partió con su hermana Yadira y sus dos hijos el 3 de junio y cruzó Guatemala. Tres días después ingresó a México. Se quedaron en el pueblo de Tapachula dos semanas, durante las cuales Yadira trabajó en bares de la frontera, bebiendo y bailando con hombres a cambio de dinero. Ramírez, quien es una cristiana evangélica que estuvo con su marido desde los 16 años, se negó a hacerlo.
Dijo que no estaba acostumbrada a «atender hombres».
Finalmente se fue en autobús a Ciudad de México sin su hermana. Fue un viaje de 16 horas que hizo con sus hijos en su falda porque no tenía dinero para pagar más de un pasaje.
Llevaba su identificación, las partidas de nacimiento de los niños, el certificado de defunción de su marido y una placa de honor que su hija había recibido en una escuela. Llegaron a Reynosa, localidad fronteriza pegada a McAllen, Texas, donde otros migrantes le dijeron que tratase de no llamar la atención porque había muchos secuestros. Pero ella necesitaba seguir su camino.
Una tarde, cuando se disponía a tomar un taxi, un grupo de individuos se la llevó a ella y a sus hijos y los retuvieron una noche, exigiendo dinero. A la mañana siguiente descubrieron que la puerta no tenía llave y la mujer y los chicos escaparon y se fueron a buscar a un coyote.
El hombre las tuvo con él cinco días a la espera de que la familia hiciese un depósito de 2.000 dólares.
Cuando llegó a la frontera, Ramírez se entregó a las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
«Me preguntaron si llevaba armas o explosivos», relató. «Yo les conté de mi problema y me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que eso lo tenía que hablar con el juez, más adelante».
Pero fue deportada sin haber visto a un juez.
No recuerda exactamente los días ni los sitios por los que pasó. Viajó en autobús a varios centros del servicio de inmigración, donde durmió en el piso o en lo que los migrantes llaman «neveras», porque el aire acondicionado está tan fuerte. Una noche su hijo jugaba con otro pequeño en el baño y se golpeó la cabeza en el inodoro, comenzando a sangrar profusamente.
Los guardias de inmigración la quisieron esposar a la ambulancia en la que el pequeño fue llevado a un hospital, donde se le dieron dos puntos.
«Les dije cómo van a pensar que me voy a ir y voy a dejar a mi hijo», comentó.
La noche antes de abordar el avión que la trajo de vuelta a Hondura, Ramírez soñó con su difunto esposo. «No me decía nada, solo me abrazaba».
Cuando el avión aterrizó en San Pedro Sula, la primera dama hondureña Ana García de Hernández se presentó para darles la bienvenida a las mujeres y los niños.
En el centro de inmigración Ramírez recibió una bolsita con algunos comestibles, jugo y agua como para un día y el equivalente a 25 dólares en lempiras, la moneda hondureña.
Las mujeres deportadas estaban furiosas.
Karen Ferrera, de 25 años, regresaba a El Pogreso, un barrio de las afueras de San Pedro Sula manejado por pandillas, junto con su hijo de ocho meses. Había intentado llegar a Wisconsin, donde vive su madre.
«Les dije que yo era madre soltera, que tenía tres niñas, que no tenía ni dónde vivir acá en Honduras», cuenta entre lágrimas.
Glendis Ramírez, de 22 años, también regresó a Tocoa, donde se montó en un caballo para llegar a su pueblo, que se encuentra a dos horas. Antes de partir tiró las zapatillas de tenis que usó durante su fallido viaje a Estados Unidos.
«No los quiero ni ver», afirmó.
Cuando Elsa Ramírez llegó a Tocoa, abrazó a su madre, con una mezcla de alivio y frustración. Ninguna de las dos sabe lo que les depara el futuro. Ramírez dijo que podría esconderse en la casa de su madre por un tiempo y luego buscar trabajo como cocinera o en una tienda.
Dado que los asesinos de su esposo siguen libres, tal vez trate nuevamente de llegar a Estados Unidos, esta vez sin sus hijos.
«Dios no quiso» que lo lograse la primera vez, declaró. «Él sabe por qué nos tiene aquí».
Muere la madre, envían a niña de vuelta a Honduras
Por LOMI KRIEL
HOUSTON / Agencia AP
Cuando su madre fue muerta a tiros a una cuadra de su escuelita, Sheyli Gálvez, de siete años, fue entregada al Servicio de Protección del Menor, mientras el estado decidía qué hacer con ella.
El proceso tomó seis meses e incluyó un estudio de la situación en su país natal, Honduras.
El Houston Chronicle informa que el Servicio de Protección al Menor y el abogado de la menor debían demostrarle al juez que lo mejor para la niña, quien había ingresado ilegalmente al país, era estar con su padre en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo. El juez estuvo de acuerdo y Sheyli fue enviada esta semana de vuelta a su país natal.
«Estoy muy contento de tener de nuevo a mi hijita conmigo», declaró Rolvin Gálvez por teléfono desde Honduras.
Más de 13 mil menores hondureños se han entregado a la Patrulla de Fronteras este año, parte de los casi 60 mil niños que cruzaron la frontera por Texas. El caso de Sheyli es inusual porque el Servicio de Protección del Menor (SPM) generalmente no envía a un niño que está en el país ilegalmente de vuelta a su patria, lo que revela que las leyes estadounidenses pueden tratar en forma diferente a menores en la misma situación.
Mientras la Casa Blanca y el Congreso se debaten en torno a qué hacer con la gran cantidad de menores centroamericanos que ingresan ilegalmente al país, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados calcula que el 60% satisfacen los requisitos para recibir protección humanitaria al amparo de patrones internacionales debido a los niveles de violencia que hay en El Salvador, Guatemala y Honduras. El presidente Barack Obama ha dicho que le gustaría deportar a los niños con celeridad, pero tiene las manos atadas por una ley del 2008 que busca proteger a los menores del tráfico sexual.
Sheyli, una niñita de cabello oscuro a la que le gusta disfrazarse de princesa y lucir coronas, pasó seis meses con una familia mientras el SPM y las autoridades consulares investigaban la conveniencia o no de entregársela la padre en Honduras.
El complicado caso comenzó cuando la madre de Sheily, Yolibeth Pérez, de 24 años, fue asesinada a tiros a las tres de la tarde del 22 de enero, en momentos en que iba a buscar a la niña a la escuela Emerson Elementary School de Houston. Testigos dijeron a la policía que un individuo se le acercó, le hizo varios disparos y salió corriendo.
Familiares dijeron que Pérez había venido ilegalmente al país hacía un año desde Puerto Cortés, ciudad del noreste de Honduras cerca de Guatemala. Indicaron que vino a vivir con una tía anciana, que era retraída y que no les había comentado las razones por las que se fue de Honduras, aunque sí les dijo que pediría asilo.
La policía afirmó que recibió información de que en Honduras se había casado con un traficante de drogas y que había huido del país por cuestiones de seguridad. Agregó que el 12 de diciembre Pérez llamó a las tres de la tarde desde su departamento y dijo que alguien le había disparado y que el agresor había escapado. La policía no encontró proyectiles.
La mujer le dijo a sus parientes, incluida su hija, que la persona que le había disparado era una mujer enmascarada. José Torres, quien está casado con una prima de Pérez y figuraba como contacto de emergencia, se llevó a la niña y trató de evitar que viera la escena del crimen.
No tuvo mucho éxito. Sheyli vio los patrulleros y dijo, «esa vieja se llevó a mi mamá».
Cuando la policía descubrió los lazos con los carteles de las drogas, el SPM se hizo cargo de Sheyli, aduciendo que temía por su seguridad. Sus propios parientes temieron ser blancos, según la portavoz del SPM Estella Olguín. Sheyly fue ubicada con una familia mientras el SPM decidía si la entregaba a algún familiar, aquí o en Honduras, o la daba en adopción.
«Si un menor está aquí y hay denuncias de abusos o inquietud en torno a su seguridad, pasa a nuestra jurisdicción, sin importar su status inmigratorio», dijo Olguín. «Nos corresponde a nosotros decidir qué es lo mejor para el menor».
Olguín indicó que es muy inusual que el SPM envíe a un menor que está en el país ilegalmente a su país de origen. Es un proceso complejo que involucra estudios de la situación en esa nación y otras medidas para asegurarse de que el menor estará a salvo en su nuevo hogar.
El padre de la niña vio informes de la matanza de Pérez y contactó al consulado hondureño para decirles que quería que le enviasen a su hija. En una entrevista telefónica, el hombre, de 25 años, dijo que tuvo una relación con Pérez desde que eran adolescentes y que se separaron hacía unos dos años. Negó integrar cartel alguno o ser pandillero.
Señaló que quedó paralizado en enero del 2013, al recibir un balazo en la espalda cuando jugaba al fútbol. Dijo que se produjo una trifulca y sonaron varios disparos. Puerto Cortés está a 34 millas (55 kilómetros) de San Pedro Sula, la ciudad más peligrosa del mundo, donde tres personas son asesinadas a diario, según las Naciones Unidas.
Entre enero y mayo, más de 2 mil 200 menores de esa ciudad no acompañados llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos diciendo que le escapaban a la violencia y al reclutamiento forzado de las pandillas. Es la ciudad centroamericana que más menores envía a Estados Unidos, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.
El padre dijo que estuvo de acuerdo con la decisión de Sheyli de llevarse a la niña a Houston el año pasado porque pensó que estarían mejor aquí. Pero cuando la madre fue asesinada, sus familiares tenían miedo de hacerse cargo de Sheyli por temor a convertirse en blancos de la misma gente que mató a la madre.
Gálvez dijo que no quería que la niña fuese entregada a otra familia porque perdería todo contacto con ella.
«Es mi hija», expresó.
La policía dijo haber comprobado que el asesinato de Pérez no estuvo relacionado con actividades pandilleras ni del narcotráfico y que el episodio de diciembre fue «una farsa, tal vez para apuntalar el pedido de asilo» de Pérez, de acuerdo con Jodi Silva, vocera del Departamento de Policía de Houston.
«No tenemos razones para pensar que él contactó a gente de aquí o que sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas fue lo que motivó su muerte», afirmó Silva.
De hecho, las investigaciones revelaron que la matanza de Pérez estuvo relacionada con una balacera del 21 de marzo en la localidad de Sugar Land, señaló.
En ese episodio, dos individuos se presentaron en Global Casework Manufacturing Inc., en el Industrial Boulevard, antes de las nueve de la mañana y preguntaron por Marlon Alexander Palencia, un guatemalteco. Hubo una discusión y uno de los individuos le pegó un tiro a Palencia. La policía de Sugar Land dijo que Palencia había contactado a la esposa de Huver Oregón Reyes en Facebook. Oregón Reyes, de 31 años, está preso, acusado de asesinato, pero el otro individuo se fue del país, de acuerdo con la policía. Las autoridades no quisieron hablar de los vínculos que podría haber entre Palencia y Pérez o sobre el motivo del asesinato.
A pesar de los peligros y de la pobreza que hay en Honduras, Olguín dijo que el personal del SPM, el abogado de oficio de Sheyli, Dan Spujt, y el juez Glenn Devlin estuvieron de acuerdo en que lo mejor era que la niña se fuese con su padre, quien no puede trabajar pero puede subsistir gracias a lo que genera la carpintería de su familia.
Para que le entregasen a su hija, Gálvez debió someterse a un análisis para determinar su paternidad, a una revisión de antecedentes y a una investigación del Instituto Hondureño del Menor y la Familia, según Yolanda Oliva, del consulado hondureño en Houston.
Reveló que el consulado está desbordado por los casos de menores que están en el país ilegalmente.
«La mayoría de los niños dicen que sus padres están aquí y que vienen para reunirse con sus padres», manifestó Oliva. «La diferencia es que Sheyli está regresando a Honduras para estar con su padre, que es lo que quería».
