CARACAS,
Agencia AP
Desde el amanecer, decenas de guardias nacionales y policías con equipos antimotines custodian la sede de los tribunales y bloquearon con todos los accesos al lugar con vallas metálicas y cinco vehículos blindados antidisturbios.
El juicio a López estará presidido por la magistrada Susana Barreiros.
«Estamos afrontando un juicio sin que se nos haya permitido presentar pruebas, cómo vamos a probar su inocencia si este juicio inicia en condiciones de indefensión», dijo en una entrevista telefónica a The Associated Press el abogado Juan Carlos Gutiérrez, uno de los tres defensores de López.
Gutiérrez denunció que la jueza Barreiros rechazó la solicitud de diferimiento del juicio hasta tanto un tribunal de apelaciones responda un recurso legal que intenta revertir la decisión del tribunal de control y la Fiscalía de permitir la admisión de pruebas promovidas por la defensa, que incluye más de una decenas de vídeos de los hechos ocurridos el 12 de febrero y discursos previos de López.
«Fueron admitidas todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y rechazaron todas las que promovió la defensa», agregó.
Un tribunal abrió juicio a López en junio y le negó la libertad condicional mientras es procesado. La jueza Adriana López, después de una maratónica audiencia preliminar que había sido postergada por meses, determinó que el opositor sería sometido a juicio privado de libertad y admitió la acusación de la Fiscalía por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. Además determinó que deberá permanecer recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.
López sostuvo entonces que la jueza «vendió su conciencia al poder corrupto».
Los abogados de López sostienen que durante su presentación de alegatos en junio la Fiscalía General no logró mostrar ninguna evidencia que vincule al opositor con los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero tras una marcha en la capital contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los disturbios dejaron tres muertos, 66 heridos y 69 detenidos.
Desde entonces, sucesivos incidentes violentos ocurridos en Caracas y otras ciudades han dejado 43 muertos, 873 heridos y más de 2.500 detenidos, según registros de la Fiscalía General.
De ser declarado culpable de los cuatro cargos el dirigente del partido Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, según estimaciones de la Fiscalía.
En los últimos 15 años, según defensores de derechos humanos, los tribunales han perdido independencia y fiscales y jueces actúan cada vez más en aparente sincronización con el gobierno en contra de opositores.
