La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que niega la ciudadanía estadounidense a los hijos de padres inmigrantes sin documentación pertinente en el país enfrentó el pasado 23 de enero el primero de lo que serán muchos desafíos legales.
El juez del distrito de Estados Unidos, John C. Coughenour, empezó a bombardear con preguntas acerca de la orden y la calificó de “abiertamente inconstitucional”, luego de ello el magistrado procedió a bloquearla temporalmente en espera de más alegatos.
EE.UU.: Juez bloquea temporalmente orden de Donald Trump de cancelar la ciudadanía por nacimiento
¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO?
La ciudadanía por derecho de nacimiento supone que alguien nacido en un país es ciudadano de ese país, este principio está consagrado en la 14 enmienda a la Constitución.
Esa enmienda establece que “todas las personas nacidas o nacionalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Esta misma fue ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos después de la Guerra Civil.
Bloquean decreto de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento
Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en #EEUU. Según el… pic.twitter.com/cASdToLxsN
— DW Español (@dw_espanol) January 24, 2025
Los detractores de la inmigración sin restricciones han alegado que esto es un incentivo para que las personas entren o se queden en Estados Unidos ilegalmente.
Saben que si tienen hijos, esos niños serán ciudadanos y más tarde podrían solicitar que sus padres se conviertan en residentes legales permanentes.
¿POR QUÉ SE BLOQUEÓ LA ORDEN?
Coughenour no explicó su razonamiento durante la audiencia, pero su afirmación de que la orden es “abiertamente inconstitucional”, así como su interrogatorio directo al abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, sugirió que estaba de acuerdo con los argumentos de los estados.
Los estados sostienen que está bien establecido que la 14 enmienda garantiza la ciudadanía por nacimiento y que el presidente no tiene autoridad para determinar quién debe o no debe recibirla.
“Llevo más de cuatro décadas en los tribunales. No puedo recordar otro caso donde la cuestión planteada fuese tan clara como este”, dijo Coughenour a Shumate.
«Es algo que me deja perplejo»
El juez Coughenour, nombrado por Reagan, no entiende que los abogados permitieran al presidente Trump firmar la orden ejecutiva que niega la ciudadanía por nacimiento:
«¿Dónde estaban los abogados?»
Un primer paso: bloqueo por 14 días. pic.twitter.com/KmVJA6EEwF— Mercedes Sabio-Vázquez (@MercedesSabio) January 24, 2025
El Departamento de Justicia indicó más tarde en un comunicado que “defenderá enérgicamente” la orden ejecutiva del presidente.
“Esperamos presentar una argumentación completa ante el Tribunal y el pueblo estadounidense, que está desesperado por ver que se cumplan las leyes de nuestra nación”, apuntó.
¿QUÉ SIGUE LUEGO DEL FALLO?
El fallo fue una orden de restricción temporal que impide al gobierno hacer cumplir o implementar la orden de Trump a nivel nacional durante los próximos 14 días, mientras, algunos de los otros recursos contra la orden también han echado a andar en los tribunales.
En las próximas dos semanas, las partes presentarán más informes sobre los fundamentos legales de la orden ejecutiva, Coughenour fijó otra vista para el 6 de febrero en la que escuchará argumentos a favor y en contra de dictar una orden preliminar, que bloquearía la orden ejecutiva a largo plazo mientras el caso avanza.
La próxima audiencia será la del caso presentado en Maryland por CASA, una organización sin ánimo de lucro que apoya a menores que sufrieron abusos o malos tratos en hogares de acogida.
Otro recurso, encabezado por Nueva Jersey en nombre de 18 estados, el Distrito de Columbia y San Francisco, y uno presentado en Massachusetts por el Centro de Trabajadores Brasileños, aún no tienen vistas programadas.
Además de discutir la constitucionalidad de la orden ejecutiva, los estados afirman que la medida sometería a todos los menores afectados a la deportación y convertiría a muchos de ellos en apátridas.
Los privaría de sus derechos e impediría que participasen en la vida económica o cívica, de acuerdo con los estados.
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