Las autoridades de Florida iniciaron esta semana la construcción de un nuevo centro de detención temporal para migrantes en un área remota del sur del estado, conocida por su densa vegetación y fauna salvaje. Apodado “Alligator Alcatraz” por el fiscal general estatal James Uthmeier, el centro está ubicado en el antiguo aeropuerto Dade-Collier, entre los condados de Miami-Dade y Collier, en plena región de los Everglades.
Según Infobae, el lugar fue seleccionado estratégicamente por su aislamiento geográfico y la presencia natural de caimanes y pitones, lo cual se considera un “elemento disuasorio” frente a posibles intentos de fuga. La instalación será operada por el estado de Florida con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha autorizado el proyecto como parte de las medidas para reforzar la política migratoria federal.
INFRAESTRUCTURA TEMPORAL, PRESUPUESTO MULTIMILLONARIO
De acuerdo con el Miami Herald, el centro tendrá capacidad inicial para 5,000 camas y estará compuesto por carpas reforzadas y remolques móviles diseñados para soportar el clima extremo del verano. Su apertura está prevista para la primera semana de julio, apenas 30 a 60 días después del inicio de las obras.
El proyecto se ejecuta bajo poderes de emergencia otorgados al gobernador Ron DeSantis, quien busca ampliar la capacidad estatal para detener y deportar migrantes. El presupuesto operativo anual estimado asciende a 450 millones de dólares, y parte de los fondos provendrán de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según datos obtenidos por The New York Times.
POLÉMICA AMBIENTAL Y CUESTIONAMIENTOS LEGALES
A pesar del respaldo del gobierno federal, el proyecto ha generado críticas de ambientalistas, autoridades locales y miembros de comunidades indígenas. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una carta a la División de Manejo de Emergencias de Florida expresando su preocupación por el impacto en el ecosistema y la falta de evaluación ambiental previa. “No ha habido tiempo suficiente para analizar adecuadamente estos asuntos”, señaló.
Betty Osceola, miembro de la tribu Miccosukee, denunció que el terreno fue tomado sin transparencia y que ya hay vigilancia militar en la zona. “Están entrando camionetas negras con vidrios polarizados, y las puertas están cerradas por primera vez en años”, declaró al Miami Herald.
Grupos como Friends of the Everglades advirtieron sobre los riesgos que supone instalar una instalación de este tipo en uno de los ecosistemas más frágiles del país. Además, exfuncionarios del DHS criticaron el proyecto, tildándolo de “crueldad política”, mientras organizaciones de derechos humanos alertan por las condiciones que enfrentarán los detenidos.
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