Justicia boliviana reactiva orden de captura contra Evo Morales por denuncia de trata de personas

La orden de captura contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), se mantiene activa luego de que un juez de La Paz decidiera suspender temporalmente una resolución judicial previa que anulaba dicha disposición y trasladaba el proceso al departamento de Cochabamba, considerado un bastión político y sindical del exmandatario.

Según un documento atribuido al juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, difundido por medios locales, “como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada” en el caso. La medida se mantendrá vigente “entre tanto no se resuelva la presente queja”.

La decisión judicial contradice el fallo emitido el miércoles por la jueza Lilian Moreno, del departamento de Santa Cruz, quien había concedido lo que la defensa de Morales calificó como “libertad irrestricta”. El fallo anterior también contemplaba el traslado del proceso penal desde Tarija a Cochabamba.

DEFENSA RECHAZA EL FALLO Y ALEGA ILEGALIDAD

El abogado Wilfredo Chávez, miembro del equipo defensor de Morales, cuestionó la resolución de Zabaleta y afirmó que esta “no tiene valor legal”, al considerar que incurre en una “superposición de funciones”. Según el jurista, no puede dictarse “una acción de libertad sobre otra”, y advirtió que la medida responde a “presiones políticas”.

“Obviamente deben darse las vías para que quede anulada esta decisión por ilegal, por inconstitucional”, señaló Chávez, advirtiendo sobre un posible “caos jurídico” si no se respeta el fallo emitido previamente en Santa Cruz.

Nelson Cox, otro abogado de Morales, afirmó días atrás a la agencia EFE que el fallo de la jueza Moreno no podía ser apelado, y reiteró que el proceso fue cerrado en 2020 y reabierto bajo una nueva figura penal.

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ANTECEDENTES DEL CASO Y CONSECUENCIAS JUDICIALES

En octubre de 2024, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez emitió una orden de captura contra Morales por la supuesta relación con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo durante su mandato. La denuncia fue confirmada por un juzgado de ese mismo departamento.

Posteriormente, a inicios de 2025, Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija tras ausentarse en dos audiencias, en las que alegó problemas de salud. La Justicia también dictó medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país, la anotación preventiva de sus bienes, el congelamiento de sus cuentas bancarias y la ejecución de la orden de aprehensión.

La situación provocó una ola de protestas de sus simpatizantes, quienes bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su captura. Desde entonces, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, resguardado por su base sindical y política.

TENSIÓN POLÍTICA Y ASPIRACIONES PRESIDENCIALES

A pesar de las restricciones judiciales y del fallo constitucional que impide una nueva reelección continua o discontinua, Morales ha anunciado su intención de competir en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto. Sus seguidores han convocado una marcha para el 16 de mayo hacia La Paz, donde planean inscribir su candidatura, aunque aún no se ha revelado bajo qué partido participará, tras su separación del Movimiento al Socialismo (MAS), organización que fundó y lideró por casi tres décadas.

En contraste, el actual presidente Luis Arce fue proclamado esta semana como el candidato oficialista para los comicios. Las diferencias entre ambos han fragmentado al MAS, profundizando la crisis interna del partido gobernante.

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MORALES CRITICA AL JUEZ ZABALETA

Este viernes 2 de mayo, Morales reaccionó a la resolución que mantiene activa su orden de captura y cuestionó la trayectoria del juez Zabaleta, a quien acusó de tener “nefastos antecedentes” y de estar vinculado al actual Gobierno.

“Fue encarcelado en 2017 por consorcio corrupto de jueces, fiscales y policías; varios litigantes lo acusaron de apropiarse de casas; tuvo decenas de procesos disciplinarios”, escribió en su cuenta de X. “Esa es la calidad moral y profesional de los administradores de justicia que son manejados a su gusto por el Gobierno”, añadió.

Mientras tanto, su defensa insiste en que la decisión del juez de La Paz debe ser anulada por vulnerar el debido proceso y atribuyen la persistencia del caso a una persecución política contra el exgobernante.

*** Con información de EFE e Infobae.