El Salvador aprueba ley para prevenir y sancionar la corrupción en instituciones públicas impulsada por Bukele

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 59 votos a favor la nueva Ley Anticorrupción, propuesta por el presidente Nayib Bukele el pasado 29 de enero. La normativa busca fortalecer la transparencia en la gestión pública y endurecer las sanciones contra actos de corrupción en el país.

La iniciativa fue respaldada por los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y ARENA, mientras que la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, fue la única que se abstuvo de votar.

Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.

Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025

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TODOS LOS DETALLES SOBRE LA NUEVA LEY

La misma tiene más de 20 artículos pero entre las principales medidas establecidas en la ley se encuentran:

• Obligación de declaración patrimonial: Todos los empleados públicos deberán presentar anualmente un informe de activos y pasivos al Ministerio de Hacienda, el cual será publicado y accesible a la ciudadanía.
• Sanciones más severas: Se endurecen las penas para los delitos de corrupción, incluyendo el testaferrato (uso de prestanombres), que ahora será considerado delito penal.
• Creación del Centro Nacional Anticorrupción: Un ente adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) que realizará labores de inteligencia y auditoría en tiempo real, además de la creación de un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, que será liderado por la Fiscalía General y estará compuesto por expertos y representantes de 12 instituciones públicas,
• Mayor control sobre la Corte de Cuentas: Se establece un mandato anticorrupción con vínculo directo a la FGR para perseguir casos de corrupción desde las auditorías.
• Acceso a bases de datos: El Centro Nacional Anticorrupción tendrá acceso directo a registros de propiedades, vehículos y otros bienes para detectar irregularidades de forma inmediata.
• Participación ciudadana: Se habilitan ventanillas de denuncia para que la población pueda reportar posibles casos de corrupción.

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POSTURAS Y DEBATES EN LA ASAMBLEA

El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, celebró la aprobación de la ley y envió un mensaje a los exfuncionarios que se encuentran fuera del país: «Un fuerte saludo a todos aquellos que andan por Guatemala, que se fueron a México, Nicaragua, que están en Italia o Alemania, porque jamás van a prescribir sus delitos y hasta allá va a llegar el brazo de la ley».

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, recordó que la ley responde a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar transparencia en el uso de fondos públicos. También mencionó que la normativa incluye la penalización del nepotismo dentro del Estado.

«Las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos sin experiencia en la función pública, modelos o cantantes, no podrían ser contratados en el gobierno», afirmó.

El diputado Francisco Lira, de ARENA, destacó que la creación del Centro Nacional Anticorrupción podría permitir retomar las investigaciones que dejó pendientes la CICIES, como el Caso Catedral, relacionado con presuntos actos de corrupción en el gobierno.

Sin embargo, la diputada Claudia Ortíz del partido opositor VAMOS, quien fue la única en abstenerse a votar, aseguró que «solamente es el continuismo de seguir engañando al pueblo con leyes que solo sirven para el marketing, para hacer ver que hay una realidad que realmente no es y para mostrar algo que no es acorde a lo que realmente es la práctica de quienes están en el poder».

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¿UNA LEY COMBATIRÁ LA CORRUPCIÓN?

Organizaciones como Cristosal han señalado que la nueva ley no contempla mecanismos de verificación para validar la información de las declaraciones patrimoniales. Además, cuestionan que el gobierno siga restringiendo el acceso a información pública sobre denuncias de corrupción.

Por otro lado, expertos en transparencia advierten que, sin una real independencia de las instituciones de control, la aplicación de esta ley podría responder más a intereses políticos que a un verdadero combate contra la corrupción.

La implementación de esta ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial. Muchos aseguran que será un hito en la lucha contra la corrupción en El Salvador, pero su efectividad dependerá de la voluntad política para aplicarla de manera justa y equitativa.

Según Bukele, este es solo el comienzo de «un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país».

*** Con información de EFE, El Mundo y ElSalvador.com

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