El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, expresó este miércoles 29 de octubre su preocupación por la legalidad y el nivel de violencia del operativo policial ejecutado en Río de Janeiro, que dejó al menos 132 personas fallecidas, entre ellas cuatro agentes. La acción, considerada la más letal en la historia reciente de la ciudad, fue calificada por el funcionario como “extremadamente cruenta”.
Lewandowski aseguró que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por la magnitud del resultado y “sorprendido” por no haber sido informado previamente sobre la operación, desarrollada por las autoridades regionales. “Veremos si es compatible con el Estado democrático de derecho”, declaró el ministro, quien viajó a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Cláudio Castro y evaluar la situación de seguridad.
De acuerdo con EFE, el ministro indicó que el Gobierno federal buscará “apoyar” al estado de Río y, especialmente, al pueblo afectado, “duramente impactado por los acontecimientos”. La Defensoría Pública regional informó que las víctimas ascienden a 132, mientras el Gobierno estatal mantiene la cifra oficial en 119 fallecidos, incluyendo a los agentes caídos.
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UNA OPERACIÓN CON DOS MESES DE PLANEACIÓN
Según Infobae, el operativo bautizado como Operación Contención, fue planeado durante 60 días y ejecutado por más de 2,500 efectivos de distintas fuerzas, entre policías, militares y agentes de inteligencia. La acción buscaba desmantelar el poder territorial de organizaciones criminales como el Comando Vermelho (Red Command), señaladas de dominar el tráfico de drogas en las favelas de Complexo do Alemão y Penha.
Las fuerzas de seguridad montaron lo que describieron como un “muro impenetrable” alrededor de las comunidades intervenidas, bloqueando todos los accesos y estableciendo puestos de control en techos y calles. Fuentes policiales citadas por Infobae indicaron que el plan se gestó con apoyo de unidades tácticas de élite y de inteligencia militar, quienes aseguraron haber detectado movimientos de armas y drogas semanas antes del operativo.
El despliegue incluyó helicópteros, vehículos blindados y drones de reconocimiento, con apoyo logístico del Comando Sur del Ejército. Sin embargo, vecinos relataron que el fuego cruzado y la violencia se extendieron por más de 12 horas, con decenas de viviendas alcanzadas por proyectiles.
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LAS DUDAS SOBRE LA EJECUCIÓN Y LOS RESULTADOS
De acuerdo con C5N, las autoridades federales brasileñas han cuestionado varios aspectos del operativo, entre ellos la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y el de Río de Janeiro. El presidente Lula fue informado de la operación cuando ya se desarrollaba, y su gabinete no habría recibido notificación previa de los objetivos tácticos ni de las reglas de enfrentamiento.
El gobernador Cláudio Castro defendió la intervención como un “duro golpe al crimen organizado”, y aseguró que “exceptuando la vida de los policías fallecidos, el resto fue un éxito”. Sin embargo, las declaraciones provocaron críticas de organismos de derechos humanos y líderes sociales, que acusan al gobierno estatal de haber permitido una “masacre”.
Testimonios de residentes citados por C5N describen escenas de pánico, cuerpos en las calles y largas horas sin presencia médica. “Fue un día de terror; ni los niños podían salir”, señaló una habitante del Complexo da Penha.
REACCIONES POLÍTICAS Y DEBATE LEGAL
El Gobierno federal no ha descartado abrir una investigación formal para determinar si se violaron protocolos o normas de derechos humanos durante el operativo. Según Infobae, la Fiscalía General de Brasil evalúa si la acción cumplió con los principios de proporcionalidad y necesidad, establecidos en la legislación interna e internacional.
Por su parte, la Defensoría Pública solicitó una auditoría independiente sobre el número de víctimas y los procedimientos empleados. En tanto, organizaciones civiles advirtieron que este tipo de operativos suelen tener consecuencias irreversibles para las comunidades, agravando la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad.
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De acuerdo con EFE, el ministro Lewandowski insistió en que “la respuesta del Estado no puede confundirse con el exceso de fuerza”, y recordó que “toda acción policial debe rendir cuentas ante la ley y la ciudadanía”.
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El operativo ha reavivado el debate sobre la seguridad pública en Brasil y el uso de la fuerza militar en zonas urbanas. Desde 2021, las operaciones en favelas han sido objeto de fallos judiciales que limitan su ejecución, tras denuncias de abusos y ejecuciones extrajudiciales.
Según C5N, la cifra de muertos en esta intervención supera incluso a las registradas durante la operación de Jacarezinho, en 2021, que dejó 28 fallecidos y generó condenas internacionales. Analistas sostienen que el actual operativo marca “un punto de quiebre” en la política de seguridad del país.
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Mientras tanto, Río de Janeiro continúa bajo fuerte presencia policial. Familias enteras siguen desplazadas, escuelas permanecen cerradas y las autoridades aún trabajan en la identificación de las víctimas. La sensación general, según Infobae, es que la ciudad enfrenta un nuevo episodio de su larga lucha entre seguridad, violencia y derechos humanos.
