
Este martes 9 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos inició una amplia operación de redadas dirigidas contra inmigrantes indocumentados en Chicago y Los Ángeles, como parte de una estrategia reforzada de aplicación migratoria en ciudades santuario.
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Según EFE, se trata de una operación a gran escala que sigue acciones similares en otras ciudades como Washington D.C. y Boston, impulsada por la creciente presencia de agentes federales en la región.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un mensaje en X que seguirán “inundando” con sus agentes a Los Ángeles y las zonas aledañas.
Operation Midway Blitz will FLOOD THE ZONE with DHS law enforcement in Chicago.@POTUS Trump and @Sec_Noem have a clear message: no city is a safe haven for criminal illegal aliens. If you come to our country illegally and break our laws, we will hunt you down, arrest you,… pic.twitter.com/tpJb5fXxmA
— Homeland Security (@DHSgov) September 9, 2025
RESPALDO POR PARTE DE LA CORTE SUPREMA
Por su parte, El País informó que la decisión cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, lo que ha permitido al ICE avanzar con redadas más agresivas. Además, destaca que esta operación se desarrolla en una ciudad gobernada por autoridades demócratas, en un contexto político particularmente tenso.
La administración federal justificó la medida argumentando que busca enfrentar a inmigrantes con antecedentes delictivos que se benefician de políticas locales de santuario. Chicago, donde el gobernador J.B. Pritzker y el alcalde Brandon Johnson no colaboran con las autoridades migratorias, sería uno de los principales objetivos.
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Según Reuters, esta operación ya generó el rechazo de las autoridades locales, quienes advierten que se trata de una movida con fines políticos, sin coordinación previa, y que coloca en riesgo los derechos y garantías de la comunidad inmigrante.
La medida ha desatado críticas por su posible impacto en familias migrantes, especialmente en contextos ciudadanos donde predomina la población latina. Las redadas también se dan tras una decisión judicial que elimina restricciones a este tipo de detenciones, lo cual ha reavivado las tensiones entre el gobierno federal y diversas entidades locales.
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