Por Jeanelly Vásquez
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El medio estadounidense The Washington Post denunció que el Departamento de Justicia en el gobierno del presidente Donald Trump incautó los correos y llamadas telefónicas de dos de sus reporteros y uno de sus experiodistas, quienes a su vez realizaron investigaciones en 2016 sobre la influencia de Rusia durante la contienda electoral entre Clinton y Trump. Estos registros incluían fechas, números telefónicos sobre los correos y llamadas intercambiadas.
El 3 de mayo de este año, tres cartas fueron redactadas por el Departamento de Justicia y posteriormente dirigidas a los periodistas del Post Ellen Nakashima, Greg Miller, y al exreportero del mismo medio, Adam Entous. En el escrito el departamento notificó que “en virtud de un proceso legal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recibió registros de peaje asociados con los siguientes números de teléfono para el período comprendido entre el 15 de abril de 2017 y el 31 de julio de 2017”, estos números telefónicos correspondían a teléfonos de trabajo, casa y celulares móviles.
Según el Post, las cartas también aclaraban que los fiscales recibieron una orden judicial para obtener «registros de comunicación sin contenido» de las cuentas de correo electrónico de trabajo de los reporteros, es decir que la información recopilada por el departamento incluía quién envió por correo electrónico a quién y cuándo, pero no detallaba el contenido de los mensajes intercambiados.
El periódico agrega que en la carta no se especificaba la razón detrás de esta orden, pero destacan que al final del período de tiempo mencionado en las cartas (julio de 2017), los tres reporteros del Post escribieron una historia sobre interceptaciones de inteligencia clasificadas de EE. UU., indicando que en 2016 Jeff Sessions había discutido la campaña de Trump con Sergey Kislyak, quien era embajador de Rusia en los Estados Unidos. Sessions se convirtió posteriormente en el primer fiscal general del presidente Donald Trump y estuvo en el Departamento de Justicia cuando se publicó la investigación.
«Estamos profundamente preocupados por este uso del poder del gobierno para buscar acceso a las comunicaciones de los periodistas. El Departamento de Justicia debe aclarar inmediatamente las razones de esta intrusión en las actividades de los reporteros que hacen su trabajo, una actividad protegida por la Primera Enmienda”, expresó el editor ejecutivo interino del Washington Post, Cameron Barr.
La primera enmienda protege la libertad de expresión y prensa; esta no es la primera vez en que medios denuncian el incumplimiento de esta ley por parte del gobierno. En 2017 un reportero que trabajó en Buzzfeed, The Politician y The New York Times realizó investigaciones en torno a la interferencia electoral rusa; en esta ocasión el gobierno también incautó los registros de comunicación del periodista.
The Washington Post manifestó que es raro que el Departamento de Justicia utilice citaciones para obtener registros de reporteros en investigaciones filtradas, y tales movimientos deben ser aprobados por el fiscal general. Las cartas no dicen cuándo la dirección del Departamento de Justicia aprobó la decisión de buscar los registros de los reporteros. Un portavoz del departamento dijo que la orden fue aprobada en 2020, sin embargo, William P., quien fungió como procurador general de Trump durante casi todo ese año se negó a comentar al respecto, según ese medio
Marc Raimondi, portavoz del Departamento de Justicia, dijo al Post que durante una investigación criminal sobre la divulgación no autorizada de información clasificada el Departamento sigue los procedimientos establecidos en su política de directrices para los medios de comunicación y que busca llegar a quienes filtraron la información, no buscan penalizar a los reporteros. «Los objetivos de estas investigaciones no son los receptores de los medios de comunicación, sino aquellos con acceso a la información de defensa nacional que la proporcionaron a los medios de comunicación y por lo tanto no la protegieron como legalmente se requiere”, aseguró.
TRUMP Y RUSOS SOSTENÍAN REUNIONES DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2016
Durante la contienda electoral de 2016, entre Hillary Clinton y Donald Trump, un grupo de rusos intervino en una serie de acciones que influenciaron las elecciones presidenciales: hackearon las campañas de Hillary Clinton, del Comité de Campaña para el Congreso del partido demócrata y del Comité Nacional Demócrata; liberaron información y propaganda “políticamente peligrosa” en internet; pero sobre todo, sostuvieron múltiples reuniones con los miembros de campaña de Donald Trump y presentó una propuesta de negocio a la Organización Trump para construir un rascacielos en Moscú.
Según los hallazgos de la Inteligencia estadounidense y la evidencia recopilada por el exfiscal Especial para el Departamento de Justicia estadounidense, Robert Mueller, el propósito de la intervención de Rusia en 2016 fue “dañar la campaña de Clinton, impulsar las oportunidades de Trump y sembrar desconfianza en la democracia estadounidense”.
Las evidencias encontradas fueron llevadas al juzgado del fiscal general, William Barr, pero solo se emitió un reporte con los hallazgos de la intervención de Rusia en las elecciones. Al conocer este caso, medios de investigación y periodismo, incluyendo a The Washington Post comenzaron a indagar al respecto. Los periodistas del Post reportearon los primeros meses de Trump en la presidencia enfocándose en el rol de Rusia detrás de los comicios.
