Desde hace varios meses, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha enfocado sus esfuerzos por endurecer las leyes migratorias en dicho país, como resultado se han reportado múltiples redadas y deportaciones masivas, las cuales aprovechan el programa 287(g) de las leyes migratorias.
Debido a esto, la organización sin fines de lucro Immigrant Legal Resource Center (ILRC) alertó sobre la expansión de dicho programa, el cual permite a autoridades locales y estatales asumir funciones de inmigración que tradicionalmente corresponden al gobierno federal.
Según el ILRC, esta medida agrava la discriminación policial y aumenta el riesgo de detención y deportación para personas inmigrantes que viven o se trasladan por zonas donde opera este programa.
COMO FUNCIONA EL PROGRAMA
El programa 287(g), impulsado durante la administración Trump, autoriza a policías y alguaciles locales a actuar como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente dentro de cárceles o en operativos comunitarios, según indica el sitio oficial de ICE.
El sitio oficial de ICE indica que “la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996 añadió la Sección 287(g) a la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.
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Además, según ICE el programa les permite “mejorar la colaboración con socios del orden público estatales y locales para proteger a la patria mediante el arresto y remoción de extranjeros que socavan la seguridad de las comunidades de nuestra nación y la integridad de las leyes de inmigración de EE. UU.”
LOS TIPOS DE MODELO DEL PROGRAMA
En la página oficial de ICE también explica que la Oficina de Detención y Deportación opera con dos modelos del programa 287(g):
- El Modelo de Control en Cárceles (JEM, por sus siglas en inglés) el cual está diseñado para “identificar y procesar a extranjeros removibles —con cargos penales actuales o pendientes— que han sido arrestados por agencias del orden público, estatales o locales.”
- El Programa de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto (WSO, por sus siglas en inglés) en este los agentes de ICE tienen permitido capacitar, certificar y autorizar a oficiales del orden público estatales y locales para entregar y efectuar órdenes administrativas contra extranjeros en la cárcel de su agencia.
VIGILANCIA INTENSIFICADA
Debido a esto, el ILRC advirtió que estos acuerdos han provocado un incremento en la discriminación racial y étnica, al facilitar que personas sean detenidas por su apariencia o suposiciones sobre su estatus migratorio.
En varias jurisdicciones donde opera el programa, los oficiales locales han recibido capacitación del modelo WSO para detener a personas por violaciones migratorias civiles, algo que normalmente está fuera de su competencia, según indica el ILRC.
EXPANSIÓN FORZADA EN VARIOS ESTADOS
El ILRC también explicó que si bien muchas comunidades en el pasado rechazaron estos acuerdos, estados como Florida y Georgia han aprobado leyes que obligan a sus condados a participar en el programa, lo cual facilita la deportación masiva y deteriora aún más la relación entre la policía local y las comunidades inmigrantes.
Además, el ILRC resalta que estos acuerdos no son financiados por el gobierno federal, lo que significa que los recursos locales, como el personal policial o presupuestos municipales, se desvían para ejecutar políticas federales de deportación.
Según la información oficial de ICE, en los únicos estados en donde no se encuentra activo el programa son Rhode Island, Vermont y Delaware.
Por otro lado, se encuentran los estados en los cuales el programa se encuentra limitado o con restricciones según su ley estatal, entre los cuales se encuentran Washington, Oregón, California, Illinois, Connecticut y Nueva Jersey.
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