Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos validó el pasado martes 4 de noviembre la Ley SB 264 del estado de Florida, que restringe severamente la compra de propiedades a ciudadanos de China y, en menor medida, a residentes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria.
De acuerdo al portal de noticias internacionales Infobae, el fallo del Undécimo Circuito de Apelaciones, que fue emitido por mayoría de dos votos contra uno, resolvió que los demandantes no tenían legitimidad suficiente para frenar la aplicación de la norma.
Con ello, el tribunal permitió al estado continuar aplicando la ley, que se gestó desde 2023, pese a las objeciones de organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda), explica la nota.
LOS ALCANCES DE LA LEY SB 264
La ley aprobada en 2023 y promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya administración ha generado polémica por sus acciones en contra de inmigrantes, prohíbe a la mayoría de ciudadanos chinos adquirir inmuebles en Florida, especialmente dentro de un radio de 16 kilómetros de instalaciones militares o infraestructuras consideradas críticas.
Para los nacionales de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, la norma impone restricciones más flexibles, limitando la compra de propiedades únicamente en zonas estratégicas, menciona Infobae.
La legislación detallan que también define excepciones, que según la sentencia, son las personas con visas diferentes a las de turista o solicitantes de asilo que pueden adquirir una sola propiedad residencial de hasta 8 mil metros cuadrados, siempre que esté situada a más de 8 kilómetros de instalaciones militares.
DEMANDAS Y ACUSACIONES DE DISCRIMINACIÓN
Organizaciones defensoras de derechos civiles han calificado la ley de “discriminatoria y racista”. Al respecto, se pronunció Clay Zhu, presidente de Calda y, según Infobae, destacó que el texto «explícitamente» discrimina a los inmigrantes chinos y tiene «efectos escalofriantes» entre los asiático-estadounidenses que «solo quieren comprar una casa».
Zhu, quien presentó una demanda en conjunto con la ACLU, argumentó que la normativa revive prácticas similares a la Ley de Exclusión China del siglo XIX y que confunde a ciudadanos chinos con el Partido Comunista Chino (PCCh), aseveran.
Por otra parte, en declaraciones para el medio estadounidense CNN, Zhu sostuvo que “Florida ha ido mucho más allá de lo necesario para combatir la llamada influencia del PCCh” y añadió que “debería hacerse una distinción entre el Partido Comunista y los ciudadanos chinos comunes”.
El gobernador DeSantis defendió la ley al afirmar que “Florida está tomando medidas para hacer frente a la mayor amenaza geopolítica de Estados Unidos: el Partido Comunista Chino”.
APLICACIÓN HABÍA SIDO SUSPENDIDA
Según una nota de Forbes México de febrero de 2024, una corte de apelaciones del mismo circuito había suspendido parcialmente la aplicación de la ley a inicios de ese año, luego de que dos ciudadanos chinos demandaran al Estado alegando que la prohibición violaba normas federales sobre compras inmobiliarias por extranjeros.
En ese momento, el tribunal bloqueó temporalmente su implementación para esos casos particulares, en espera de un fallo definitivo.
El nuevo dictamen del 4 de noviembre de 2025 restablece la vigencia plena de la ley en todo el Estado, salvo para las excepciones previamente reconocidas, aseveran.
REACCIONES DE ASIÁTICO-ESTADOUNIDENSES
Para muchos residentes de origen asiático, la medida ha generado temor e incertidumbre. Susan Li, una empresaria china residente legal en Orlando, declaró a CNN que la ley la llevó a detener su búsqueda de vivienda.
“Pensé que tal vez era demasiada molestia, así que ahora mismo no estoy buscando. No importa si tengo la residencia o soy ciudadana, sigo teniendo cara de china”, dijo a ese medio.
Activistas y juristas han advertido que el fallo podría sentar un precedente para otros estados donde se impulsan proyectos de ley similares.
