La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes 4 de marzo extender por 30 días más el régimen de excepción -medida contra las pandillas- a casi tres años de que se cumpla la implementación de este estado por iniciativa del presidente Nayib Bukele.
La prórroga 36 del régimen de excepción fue avalada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.
La medida, implementada para «combatir» a los miembros de pandillas, continuará hasta el 5 de abril del año en curso, de acuerdo con el decreto leído por la diputada oficialista Elisa Rosales.
La prolongación se justifica en que «los grupos criminales, en su intento por sobrevivir, han adoptado nuevas estrategias, entre ellas el reclutamiento de niños y adolescentes especialmente en las instituciones educativas intentando que resurjan las pandillas estudiantiles».
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85.000 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplirá el próximo 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Bukele y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
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