La práctica de la minería en El Salvador, que será posible tras la aprobación de la Ley de Minería Metálica en el Parlamento, afectaría a «toda la población» y contaminaría los mantos acuíferos del país centroamericano, señalaron este viernes representantes de organizaciones civiles.
Francisco Parada, portavoz del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dijo en una conferencia de prensa que la minería también generaría «saqueo, destrucción, despojo de tierras, contaminación de mantos acuíferos, entre otros muchos males mayores».
El Bloque, que aglutina a una docena de organizaciones civiles, considera que la aprobación de la ley es «un atentado contra la vida de los salvadoreños».
Una encuesta presentada la pasada semana, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop), revela que casi el 60 % de los ciudadanos considera que El Salvador no es un país para la explotación minera y que 61 de cada 100 salvadoreños cree que esta práctica «tendría algún tipo de impacto negativo» sobre el medio ambiente.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó el lunes la Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
Diputados oficialistas aprueban Ley General de la Minería Metálica en El Salvador
El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, se dio a pesar del rechazo de ambientalista, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y de universidades por el impacto en las comunidades rurales y al medioambiente.
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
También, se estaría afectando la cuenca del río Lempa que posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.
En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales «una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias»
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