El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras (CNDS) acusó el 30 de agosto a Estados Unidos de intentar desestabilizar al gobierno hondureño y expresó su respaldo a la decisión de la presidenta, Xiomara Castro, de dar por terminado el tratado de extradición bilateral con el país norteamericano.
Tras concluir una reunión del CNDS, el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que se ha dado «un voto de confianza y su respaldo total» a Castro «frente a los ataques y amenazas de la Embajada de Estados Unidos de América, que pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática del Estado, en contra del mandato del pueblo hondureño, que democráticamente eligió a la presidenta de la República».
Castro dejó sin efecto el miércoles el tratado de extradición con Estados Unidos, en medio de una tensión diplomática con la embajadora de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, por criticar una reciente reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
La presidenta Castro, en sus redes sociales, el 28 de agosto, expuso: «La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable».
Agregó: «Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta».
La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que…
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 28, 2024
Sánchez dijo que el CNDS, que encabeza Castro, también manifestó su respaldo al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad reiteró además su «respaldo completo» a las facultades constitucionales de la presidenta hondureña al dar por terminado el tratado bilateral de extradición con EE.UU., señaló Sánchez.
El tratado de extradición «podría ser utilizado para la desestabilización del país», enfatizó el CNDS, que apoya también las acciones de Castro en defensa de la institucionalidad del Estado y la soberanía nacional.
En tendencia:
Rendición de Cuentas
PNC abate a presunto asaltante en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala
"Se hizo pasar por miembro de la MS-13", el señalamiento de El Salvador contra "Lady"
Para agilizar trámites de jubilados y pensionados la CGC echa a andar el Expediente Electrónico
Cuáles son los departamentos en donde la pobreza aumentó en los últimos 9 años
Recordó que la presidenta hondureña es la encargada de «dirigir la política exterior del Estado y las relaciones internacionales, mantener la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior».
Castro dijo el jueves que no permitirá que el tratado de extradición sea utilizado para «intimidar o chantajear» a las Fuerzas Armadas de Honduras, tras tomar la decisión de eliminar ese mecanismo entre su país y EE.UU., impulsada por el temor a que se utilice como un «arma política» contra funcionarios de su Gobierno.
El CNDS condenó las «acciones injerencistas y desestabilizadoras» en contra del Gobierno de Honduras, pues «incentivan la evidente conspiración para asestar un nuevo golpe de Estado y la interrupción del proceso electoral», según el comunicado.
Señaló que «estas acciones violan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el principio de derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, que permite la convivencia pacífica entre las naciones de la comunidad internacional».
El CNDS enfatizó su «firme decisión de continuar el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, sometiendo a los responsables de estos delitos a la justicia nacional en cumplimiento de nuestra Constitución».
El organismo está integrado además por el presidenta del Parlamento, Luis Redondo, la titular de la Corte Suprema de Justicia, Ráquel Obando, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
