Venezuela: Chavismo buscar frenar «financiamiento de la violencia» con una ley recién aprobada

El chavismo apuesta por frenar el «financiamiento de la violencia» en Venezuela con la recién aprobada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, según aseguró este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En una reunión del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), el legislador reiteró que este marco legal permitirá controlar los fondos que reciben las organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales están vinculadas, según el chavismo, con la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Chillan los representantes de la violencia en Venezuela porque ya saben que se les acabó el pan de piquito (la facilidad), que no van a poder seguir financiando impunemente a los ‘comanditos’ de la violencia», dijo el chavista.

Rodríguez, como casi toda la cúpula chavista, tildó de violentos a los llamados ‘comanditos’ -los grupos de voluntarios creados por la PUD para movilizar votantes en los comicios del 28 de julio-, señalados por la Fiscalía de promover la violencia desatada durante las protestas poselectorales, en rechazo al anunciado triunfo de Nicolás Maduro, que se saldaron con 25 muertes.

Según el presidente del Legislativo, estos grupos fueron financiados, «en su totalidad», «a través de una fachada» legal, con fondos procedentes de Estados Unidos y Europa destinados a «supuestas ONG», aunque no mencionó a ninguna receptora en concreto.

En la misma línea, el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró a través de Telegram que, gracias a la nueva ley, «sus sucios fondos» de agencias como las estadounidenses Usaid y NED «no van a seguir financiando el terrorismo de sus lacayos», en alusión a los líderes de la PUD.

Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio», a riesgo de ser disueltas por decisión judicial si violan alguno de estos preceptos.