Los presos en Haití a menudo pasan años en «condiciones inhumanas, sometidos a maltratos y a torturas», muchos de los cuales siguen a la espera de un juicio, señala un informe publicado hoy por la ONU, en el que se exigen medidas urgentes para acabar con esta situación.
La Oficina Integrada de la ONU en Haití y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas visitaron 12 centros penitenciarios entre enero y marzo de 2021, donde entrevistaron a 229 personas para documentar las condiciones de detención y el trato que reciben los detenidos.
Entre las conclusiones de estas visitas se desprende que «se utiliza habitualmente el trato cruel, inhumano o degradante como medida disciplinaria, incluso contra los niños». En concreto, de los reclusos entrevistados, el 27,9 por ciento ha asegurado haber sido maltratado por funcionarios de prisiones o por reclusos con el consentimiento de los guardias, mientras más del 44 por ciento han sido testigo de malos tratos.
Otro de los riesgos que corren los presos sometidos a la falta de ventilación y de acceso al aire fresco, al acceso limitado al agua, saneamiento y a la asistencia médica es la propagación del coronavirus. En las últimas semanas, más de 500 reclusos de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe han tenido fiebre, diarrea y otros síntomas de COVID-19.
Tras constatar la situación de los reclusos, la ONU ha pedido a las autoridades que se apliquen soluciones «urgentemente», no solo para las condiciones de detención, sino también para el elevado número de personas que están en prisión preventiva, ya que actualmente el 82 por ciento de las personas privadas de libertad no han sido condenadas.
En este sentido, «el uso excesivo de la prisión preventiva, unido a la limitada capacidad del sistema judicial para juzgar los casos penales con prontitud», ha provocado un cuello de botella a la hora de llevar a las personas ante un tribunal, con el consiguiente hacinamiento de los centros de detención, que llega hasta las 60 personas hacinadas en espacios de 20 metros cuadrados, algo que les impide «siquiera tumbarse en el suelo para dormir».
Las autoridades han tomado algunas medidas para reducir el uso de la prisión preventiva, señala la ONU, incluyendo la adopción del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, que tienen el potencial de reducir la población carcelaria al promover medidas alternativas a la detención.
Unas acciones que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha tildado de «pasos importantes en la dirección correcta», no obstante, ha agregado, «tardarán en conseguir los efectos previstos», por lo que «el Gobierno debe tomar medidas activas para abordar las condiciones en las que las personas están detenidas».
Bachelet ha propuesto, para reducir el número de presos, que se conceda la libertad anticipada o provisional a las personas de bajo riesgo o acusadas de delitos menores, entre otros. Asimismo, ha reiterado su voluntad de colaborar con las autoridades haitianas para mejorar la «difícil situación de los Derechos Humanos en el país».
Por último, la Alta Comisionada ha pedido al Gobierno que cree un mecanismo nacional de prevención de la tortura y ratifique la Convención de la ONU contra la Tortura, así como su Protocolo Facultativo.
