La última encuesta que permite la legislación electoral peruana con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio, publicada ayer, sitúa al candidato de izquierda, Pedro Castillo con un 51.1 por ciento de intención de voto, muy cerca de su rival derechista, Keiko Fujimori, que se sitúa en un 48.9 por ciento de intención de voto.
El estudio, realizado por Ipsos y publicado por el diario “El Comercio”, refleja una tendencia al alza de Fujimori (Fuerza Popular), quien comenzó la campaña para esta segunda vuelta presidencial a once puntos de su rival, candidato por Perú Libre.
Además, el estudio cuenta con un margen de error de más menos 2.52 puntos porcentuales, por lo que la diferencia es aún más exigua y se puede hablar de empate técnico entre ambos candidatos. La estimación se ha realizado a partir de 1,517 entrevistas.
En votos emitidos, el estudio otorga a Castillo un 45.1 por ciento de sufragios, mientras que Fujimori lograría un 43.1 por ciento, mientras que los votos en blanco y nulos suponen un 11.8 por ciento.
Keiko Fujimori es, según la encuesta, la candidata favorita entre los más jóvenes y las mujeres, mientras que Castillo predomina entre los hombres y los mayores de 25 años.
En cuanto al nivel socioeconómico, Fujimori gana en los sectores A, B y C, mientras que Castillo lo hace en el E. En el sector D hay un empate entre ambos candidatos.
Por regiones, Fujimori continúa siendo la candidata favorita en Lima, en donde no obstante su crecimiento se ha detenido. Castillo, mientras, mantiene su preferencia en el sur, centro y oriente del país.
La legislación peruana prohíbe la publicación de encuestas en la semana previa a la votación, prevista para el próximo domingo. Este domingo, ambos candidatos se enfrentarán en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en la ciudad de Arequipa.
El debate contará con seis bloques temáticos: Perú del Bicentenario; salud y manejo de la pandemia; economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación; lucha contra la corrupción e integridad pública y derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.
