La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el sábado, por ahora, la deportación de cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
En una breve orden, el alto tribunal ordenó al gobierno de Donald Trump que no expulse a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet «hasta nueva orden de esta corte».
La corte actuó en respuesta a un recurso de emergencia interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que argumentaba que las autoridades migratorias parecían estar tomando medidas para reanudar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La Corte Suprema había dicho en abril que las deportaciones podrían continuar solo si quienes estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de defender su caso ante un tribunal y se les concedía «un tiempo razonable» para impugnar sus deportaciones pendientes.
“Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas corrían un peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una brutal prisión salvadoreña sin haber tenido nunca un proceso justo”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, en un correo electrónico.
DOS JUECES NO INTERVIENEN
El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir cuando los abogados de los afectados lanzaron una desesperada campaña legal para evitar su deportación, a pesar de que uno de los magistrados dijo que el caso planteaba preocupaciones legítimas. A primera hora del sábado, la Corte de Apelaciones del 5to. Circuito de Estados Unidos también se negó a emitir una orden que protegiera a los detenidos de ser deportados.
Se espera que el gobierno recurra de rápidamente a la Corte Suprema en un esfuerzo por persuadir a los jueces de que levanten su orden temporal.
La ACLU ya había presentado demandas para bloquear las deportaciones de dos venezolanos detenidos en el centro de Bluebonnet y buscaba una orden que prohibiera la expulsión de cualquier inmigrante en la región bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En una solicitud de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de formar parte de la pandilla Tren de Aragua, lo que permitiría que se les aplicase la ley.
Esta normativa solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, para mantener a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. El gobierno de Trump argumentó que lo capacitaba para expulsar rápidamente a inmigrantes identificados como miembros de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.
Tras la orden unánime del alto tribunal del 9 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de detenidos en virtud de esa ley hasta que el gobierno estableciera un proceso para que pudieran presentar sus reclamos ante una corte.
Pero no se ha emitido ninguna orden de este tipo en la región de Texas a la que pertenece Bluebonnet, que se encuentra a 38 kilómetros (24 millas) al norte de la ciudad de Abilene, en el extremo norte del estado.
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DESIGNADO DEL PRESIDENTE
El juez de distrito James Wesley Hendrix, designado por Trump, se negó esta semana a prohibir al gobierno la expulsión de los dos hombres identificados en la demanda de la ACLU porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó declaraciones juradas de que no serían deportados de inmediato. También se negó a emitir una orden más amplia que prohibiera la remoción de todos los venezolanos en el área en virtud de la ley porque, según dijo, las deportaciones aún no habían comenzado.
Pero la solicitud del viernes de la ACLU incluye declaraciones juradas de tres abogados de inmigración que dijeron que a sus clientes en Bluebonnet se les dio documentación que indicaba que eran miembros del Tren de Aragua y podrían ser deportados para el sábado. En uno de los casos, la abogada de inmigración Karene Brown afirmó que a su cliente, a quien identificó únicamente por sus iniciales, se le dijo que firmara papeles en inglés, aunque solo habla español.
«El ICE informó a F.G.M. de que estos papeles venían del presidente, y que sería deportado incluso si no los firmaba», escribió Brown.
Gelernt dijo en una audiencia el viernes por la noche ante el juez de distrito James E. Boasberg en Washington D.C., que el gobierno llevó inicialmente a los venezolanos a su instalación migratoria en el sur de Texas para su deportación. Pero, dado que un magistrado prohibió las deportaciones en esa zona, los ha llevado al centro de Bluebonnet, donde no hay ninguna orden de ese tipo. Además, apuntó que testigos informaron que los hombres estaban siendo subidos a autobuses el viernes por la noche para ser llevados al aeropuerto.
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Luego de que Hendrix no accedió a la solicitud de la ACLU para que emitiera una orden de emergencia, el grupo recurrió a Boasberg, quien suspendió las deportaciones en marzo. La Corte Suprema dictaminó que las órdenes contra la deportación solo podían provenir de jueces en jurisdicciones donde los inmigrantes estaban detenidos, lo que Boasberg dijo que lo dejaba sin poder hacer nada el viernes.
«Comprendo todo lo que estás diciendo», le dijo Boasberg a Gelernt. «Simplemente no creo que tenga el poder de hacer algo al respecto».
Esta semana, Boasberg encontró que hay causa probable de que el gobierno de Trump cometió desacato criminal al desobedecer su prohibición inicial de deportación. Estaba preocupado de que el documento que el ICE estaba dando a los detenidos no dejara claro que tenían derecho a impugnar su deportación en la corte, lo que él creía que la Corte Suprema había ordenado.
Drew Ensign, un abogado del Departamento de Justicia, no estuvo de acuerdo, y señaló que las personas programadas para la deportación tendrían un «mínimo» de 24 horas para impugnar su expulsión en la corte. Dijo que no había vuelos programados para el viernes por la noche y que no estaba al tanto de ninguno el sábado, pero el Departamento de Seguridad Nacional comentó que se reservaba el derecho de deportar personas.
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También el viernes, un juez de Massachusetts hizo permanente su prohibición temporal sobre el gobierno de deportar a inmigrantes que han agotado sus apelaciones a países distintos de los suyos, a menos que se les informe de su destino y se les dé la oportunidad de objetar si enfrentarían tortura o muerte allí.
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