Estados Unidos aún separa a algunos niños inmigrantes de sus padres mientras los retiene tras cruzar la frontera, a pesar de las mejoras vistas en los centros de detención en Texas, asegura el informe final de un ente de monitoreo designado por el tribunal.
Este escrutinio de los centros de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas, el mayor que se ha realizado a la fecha, es parte de una supervisión más amplia ordenada por el tribunal, la cual ha sido criticada por el presidente electo Donald Trump y sus aliados.
En el informe, emitido el viernes según un acuerdo de monitoreo que comenzó en 2022, se presenta un panorama final de las condiciones en las instalaciones antes de la investidura de Trump. En el informe se indican mejoras en higiene, alimentación y atención médica, pero se encontró que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos separaban habitualmente a los niños de sus familiares adultos durante el tiempo que permanecían en custodia.
A diferencia de las separaciones que ocurrieron bajo la política de tolerancia cero en la frontera durante el primer mandato de Trump, las mencionadas en el informe fueron temporales y, en ellas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no detuvo a los adultos mientras eran procesados penalmente ni se envió a los niños a refugios para menores.
En una instalación en Donna, Texas, en septiembre, los agentes “continuaron reteniendo habitualmente a los niños separados de sus padres o de adultos de confianza”, indica el informe. Para noviembre, el ente de monitoreo calificó las visitas regulares entre familiares en la misma instalación como “alentadoras”. Los trabajadores del centro dijeron que podían organizar visitas porque ya no estaba superpoblado.
La CBP indicó que emitió nuevas directrices sobre la unidad familiar y aumentó la capacitación sobre políticas, directrices y regulaciones de detención.
“En los últimos dos años, la CBP ha emprendido medidas extensas para expandir y mejorar significativamente sus tareas de apoyo en alcance y escala para las personas bajo custodia, especialmente poblaciones vulnerables como los niños”, afirmó la CBP en un comunicado.
Varios defensores de derechos humanos demandaron al gobierno de Trump en 2019, citando informes de niños bajo custodia federal donde se describía el hacinamiento en las instalaciones de la CBP en Texas, así como condiciones inseguras e insalubres. Ese año, casi 70.000 niños inmigrantes estuvieron bajo custodia federal, un número que excedía la capacidad de un estadio típico de la NFL.
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Un acuerdo judicial de 2022 creó un sistema de monitoreo temporal que exigía que la CBP proporcionara atención médica y supervisión adecuadas. También exigía mantener a las familias unidas o permitir el contacto para aquellos que estaban separados en custodia.
En el informe de la semana pasada se señaló que la atención médica mejoró en 2024, pero también se encontró reticencia a enviar a niños enfermos a un centro médico. En 2023, cuando la CBP luchaba con el hacinamiento, una niña de 8 años con problemas cardíacos murió mientras estaba detenida en Rio Grande Valley.
El acuerdo de monitoreo termina el 29 de enero de 2025, más de una semana después del inicio del segundo mandato de Trump. Leecia Welch, directora adjunta de litigios en Children’s Rights, una asociación civil que representa a niños bajo custodia de la CBP según el acuerdo Flores, expresó preocupación sobre lo que sucederá con los niños sin la supervisión del acuerdo.
“El informe destaca el papel crucial que desempeñan los entes de monitoreo independientes para mantener a los niños seguros, y muestra que la CBP está muy lejos de cumplir con sus obligaciones, y mucho menos que esté preparada para la autosupervisión”, dijo Welch en un comunicado escrito.
La supervisión judicial de las instalaciones comenzó en 1997 bajo el denominado acuerdo Flores, en alusión a Jenny Flores, una niña de El Salvador que demandó al gobierno de Estados Unidos en la década de 1980. El acuerdo fue anulado parcialmente en junio, cuando el Departamento de Justicia argumentó que las nuevas salvaguardias lo harían innecesario.
