La Fiscalía General de Venezuela solicitó el lunes 2 de septiembre una orden de detención contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González, citado tres veces para declarar sin que compareciera en una investigación abierta a raíz de las cuestionadas elecciones presidenciales de hace poco más de un mes.
Edmundo González fue llamado por la fiscalía hasta en tres ocasiones, la última el pasado viernes, para que declarara en una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
El mandatario venezolano, que aspiraba a la reelección para un tercer mandato, fue declarado ganador por la autoridad electoral sin que se publicaran las actas oficiales de votación. Los resultados anunciados fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por la comunidad internacional por falta de transparencia y por la imposibilidad de verificar los votos.
Según la petición de la fiscalía, González es requerido por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
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SIN APARECER PÚBLICAMENTE
El opositor no ha tenido apariciones públicas en las últimas semanas y, junto a la líder opositora María Corina Machado, han denunciado ser perseguidos por las autoridades. La AP pidió comentarios al equipo de González sin que se pronunciaran inmediatamente.
Machado fue una de las primeras en reaccionar a la acción de la fiscalía con un mensaje en la red social X, antes Twitter: “Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al Presidente Electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González”.
La fiscalía venezolana ya había advertido la semana pasada, en el tercer llamado a comparecer dirigido a González, que solicitaría una orden de captura contra el excandidato opositor aludiendo a que había “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización” de la justicia.
La fiscalía pidió la orden de aprehensión del excandidato González mediante un oficio, publicado en la cuenta del Ministerio Público en Instagram, dirigido a un juez que lleva causas de terrorismo.
El fiscal general Tarek William Saab —cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista— acusa a González de usurpar competencias del organismo electoral y publicar “presuntos documentos forjados o falsificados… causando la difusión de esta falsa información zozobra”, según dijo la semana pasada.
La investigación ha puesto el foco en las actas difundidas en la página https://resultadosconvzla.com/, donde la llamada Plataforma Unitaria, principal coalición opositora, presentó boletas emitidas por las máquinas electorales, que mostrarían que el diplomático retirado ganó a Maduro por un margen de más de 2 a 1.
La fiscalía venezolana sostiene que González ha dicho públicamente que es uno de los responsables de la publicación de esas actas.
González, de 75 años, que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio, un día después de la jornada de votación, ha cuestionado hasta ahora la actuación de la fiscalía por falta de garantías del debido proceso y señaló al fiscal general Saab de “acusador político» que «condena por anticipado”.
El opositor rechazó que se pretenda someterlo a una entrevista “sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
DECLARADO GANADOR
Maduro fue declarado ganador por el CNE, un organismo de mayoría oficialista, que aseguró que el mandatario obtuvo 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones que recibió González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación— arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.
Organismos de observadores internacionales cuestionaron la independencia e imparcialidad del tribunal electoral.
Tanto González como la líder opositora María Corina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar en las elecciones, se mantienen ocultos, en particular después de que el 5 de agosto la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, abriera una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro y no repriman las protestas que se desencadenaron después de los comicios.
“No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales del CNE se ajusten a la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio”, rechazó la Plataforma Unitaria en un comunicado de la semana pasada. “Digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito».
