El gobierno de Nicaragua anunció el cierre de otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría religiosas, mediante un acuerdo del Ministerio del Interior publicado el lunes en La Gaceta, Diario Oficial.
Las autoridades decidieron cancelar la personería jurídica de las 1.500 ONG señalando que “han incumplido con sus obligaciones” por no reportar sus estados financieros ni informar sobre sus ingresos y egresos “por períodos de entre 1 hasta 35 años”.
En los últimos tres años el presidente sandinista Daniel Ortega ha ordenado el cierre de al menos 3.600 ONG, bajo los mismos argumentos. Sin embargo, esta es la primera vez que se anuncia la desaparición de un número tan alto de asociaciones en un solo día.
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Los cierres de organizaciones civiles comenzaron en 2018, tras las protestas sociales que Ortega calificó como “un fallido golpe de Estado” y por las que acusó a la oposición política, a las ONG, a la Iglesia católica y al gobierno de Estados Unidos. En aquel momento se informó que en el país funcionaban alrededor de 5.000 ONG.
La mayoría de las 1.500 ONG cerradas son agrupaciones católicas y evangélicas (cristianas), entre las que figuran la Asociación de Iglesias Bautistas Misioneras de Nicaragua, Caritas Diocesana de Granada, Orden de Frailes Menores Capuchinos y Asociación Damas Salesianas.
El gobierno mantiene una confrontación con la Iglesia católica y ya ha expulsado o forzado al exilio a 245 religiosos, entre ellos tres obispos, 136 sacerdotes, 3 diáconos, 11 seminaristas y 91 religiosas o monjas, según el informe “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?”, de la investigadora Martha Patricia Molina.
Los obispos exiliados son monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua que salió del país en 2019, el obispo de Siuna (noreste) Isidoro Mora y el obispo Rolando Álvarez, excarcelado en enero pasado tras permanecer un año detenido.
La semana pasada, el gobierno anunció que aplicará un nuevo modelo de “alianza para la asociación” a las ONG que sigan funcionando en el país, el cual les obligará a someter a consulta todos sus proyectos y programas, e informar sobre los recursos externos que reciban, perdiendo el derecho a tramitar exoneraciones fiscales.
