El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, habla durante una entrevista en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala, el jueves 20 de junio de 2024. (Foto AP/Santiago Billy)
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, habla durante una entrevista en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala, el jueves 20 de junio de 2024. (Foto AP/Santiago Billy)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dice que la oposición en el Congreso y en la Fiscalía General ha dificultado la implementación del cambio que busca para la nación centroamericana que encontró “semidestruida” cuando asumió el cargo hace casi seis meses. Atrás.

El político del partido progresista Movimiento Semilla fue elegido en agosto después de que los votantes enojados por la corrupción generalizada y el fracaso de los líderes para abordarla tomaron una decisión decisiva por el cambio, elevando su candidatura de largo alcance.

El país más poblado de Centroamérica y la economía más grande de la región continúa luchando contra la pobreza y la violencia que han llevado a cientos de miles de guatemaltecos a migrar a Estados Unidos.

“Lo que más me ha impactado es ver cómo la corrupción ha impactado la capacidad ejecutiva de todas las instituciones del país; los niveles de abandono y disfuncionalidad de las instituciones son terribles”, dijo Arévalo el jueves en entrevista con The Associated Press.

Arévalo y su partido Movimiento Semilla representaban una amenaza para quienes han ejercido durante mucho tiempo el poder en Guatemala. Los fiscales guatemaltecos intentaron impedir que Arévalo asumiera el cargo a principios de enero.

Arévalo dijo que entiende que los guatemaltecos quieren respuestas rápidas a las promesas que hizo en su campaña política, y cuando se retrasan, el público se frustra.

Las promesas se centraron en limpiar la corrupción y expulsar del Ministerio Público a la fiscal general Consuelo Porras, aunque Porras permanece hoy en el cargo.

Porras fue seleccionada legalmente por el impopular expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei para un segundo mandato de cuatro años que finalizará en 2026.

Ha criminalizado a opositores políticos como el partido Movimiento Semilla, periodistas y exfiscales y jueces exiliados que denunciaron ser perseguidos por haber investigado actos de corrupción.

Porras ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y otros 40 países por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país. Arévalo dijo que no la sacaría por la fuerza.

“Tenemos un compromiso fundamental con el sistema democrático y no vamos a recurrir a medidas no democráticas para rescatar la democracia”, dijo Arévalo. Las voces más extremas han pedido que Arévalo utilice el ejército o la policía para derrocar a Porras.

Arévalo también responsabiliza a Porras por retrasar las investigaciones en diferentes casos de corrupción. Su gobierno ha presentado más de 100 denuncias.

Porras ha negado haber interferido en casos de corrupción y se ha negado a renunciar a su cargo.

“A la gente le gustaría ver que se castigue a los corruptos”, dijo Arévalo. “Damos el primer paso (denunciar)… pero todo queda en el Ministerio Público, donde no hay investigación de denuncias”.

Arévalo ha dado prioridad a abordar las deficiencias de infraestructura pública de Guatemala y dijo que su administración había logrado algunos avances. «La gente necesita ver que se están satisfaciendo las necesidades, que la salud y la educación están mejorando», afirmó.

Su administración ha renovado más de 4.000 escuelas y ha llevado a cabo proyectos de infraestructura pública en muchas de esas áreas.

Dijo que planea reunirse con el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, antes de que deje su cargo en octubre, y con la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum.

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