La escalada de violencia en Ecuador por parte del crimen organizado también ha afectado a la prensa, que ha registrado 224 agresiones y el exilio de nueve periodistas, informó el miércoles Fundamedios, una organización no gubernamental (ONG) que vela por la libertad de expresión en el país andino.
En su informe anual, la organización no gubernamental destacó que las bandas criminales se convirtieron en uno “de los principales agresores contra la libertad de expresión y se agudizan sus amenazas, atentados y asesinatos” y aseguró que este clima de violencia empeoró y “evidenció la desprotección en la que se encuentra el periodismo ecuatoriano”.
La situación de los periodistas y medios de comunicación en Ecuador se enmarca en un clima de violencia criminal generalizada que las autoridades atribuyen a disputas entre bandas relacionadas con cárteles mexicanos y colombianos por el control de rutas de exportación de droga y territorios de distribución.
CRISIS DE INSEGURIDAD CATALOGADA COMO LA PEOR DE LA HISTORIA
Esta crisis de inseguridad, la peor de la historia nacional, ubica al país entre los más peligrosos de la región y al cierre del 2023 dejó un saldo de casi 7.600 asesinatos violentos, muy por encima de los 4.600 de 2022.
El director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo a The Associated Press que “la violencia contra periodistas se ha agravado, el crimen organizado desencadenó el año pasado amenazas y acciones, cuyo reflejo más evidente es el exilio de nueve periodistas” y el asesinado del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto del año pasado en plena campaña electoral.
Añadió que la violencia criminal ha creado zonas del país donde es casi imposible que los periodistas puedan trabajar: la población de Durán, vecina de Guayaquil; la ciudad de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, y amplios sectores de la misma Guayaquil “como efecto de las amenazas del crimen organizado”.
El informe de Fundamedios añadió que en 2023 “el miedo y la violencia letal hirieron la libertad de expresión con sus garras» y señaló que el crimen organizado «se coló en las redacciones, en los micrófonos e instauró una indefensión del trabajo periodístico”.
Destacó que lo más grave de lo ocurrido es “la ausencia estatal”.
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