Mientras el expresidente Donald Trump domina la primaria presidencial republicana, algunos grupos liberales y expertos legales sostienen que una cláusula de la Constitución rara vez utilizada le impide ser presidente después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
La Decimocuarta Enmienda prohíbe del cargo a toda persona que alguna vez haya prestado juramento para defender la Constitución, pero luego haya «participado» en una «insurrección o rebelión» contra ella. Un número creciente de juristas dice que la cláusula posterior a la Guerra Civil aplica a Trump tras su papel para intentar anular las elecciones presidenciales de 2020 y de alentar a sus partidarios a asaltar la sede del Congreso.
Dos organizaciones liberales sin fines de lucro prometen impugnar en los tribunales si los funcionarios electorales de los estados incluyen a Trump en la boleta electoral a pesar de esas objeciones.
Es probable que el esfuerzo desencadene una serie de demandas y apelaciones en varios estados que, al final, podría llegar a la Corte Suprema, posiblemente en plena temporada de las primarias de 2024. El asunto añade un mayor caos legal potencial a un proceso de nominación ya agitado por el hecho de que quien va a la cabeza enfrenta cuatro juicios penales.
Ahora la capacidad misma de Trump para postularse podría ser objeto de litigio cuando los republicanos inicien la elección de su candidato, comenzando con los caucus de Iowa el 15 de enero.
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«Existe una posibilidad muy real de que estos casos estén activos durante las primarias», dijo Gerard Magliocca, profesor de derecho en la Universidad de Indiana, quien advirtió que podría haber resultados distintos en diferentes estados antes de que la Corte Suprema tome una decisión final. «Imagina que tienes una opinión que dice que él no es elegible y luego hay otra primaria en la que está en la boleta».
Aunque es poco probable que la mayoría de los litigios comiencen antes de octubre —cuando los estados comiencen a fijar sus boletas electorales para las próximas primarias_, el asunto ha recibido un impulso debido a un artículo de revisión de las leyes lanzado recientemente y escrito por William Baude y Michael Paulsen, dos destacados profesores de derecho conservadores. Concluyeron que a Trump se le debe excluir de la boleta electoral debido a la cláusula de la tercera sección de la Decimocuarta Enmienda constitucional.
Esa sección veda a cualquier persona del Congreso, el ejército y las oficinas federales y estatales si previamente prestó juramento para respaldar la Constitución y «ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o ha brindado ayuda o consuelo a sus enemigos».
En su artículo, cuya publicación está prevista en la revista de derecho Law Review de la Universidad de Pensilvania, Baude y Paulsen dijeron que creen que el significado es claro.
«Tomar en serio la Sección Tres significa excluir de cargos actuales o futuros a aquellos que intentaron subvertir la autoridad gubernamental legal bajo la Constitución después de las elecciones de 2020», escriben.
La cuestión surgió durante el debate presidencial republicano de la semana pasada en Milwaukee, cuando el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, advirtió que «esto es algo que podría descalificarlo (a Trump) según nuestras reglas y la Constitución».
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En 2021, la organización sin fines de lucro Free Speech For People envió cartas al principal funcionario electoral de los 50 estados solicitando la exclusión de Trump si volviera a postularse para la presidencia. Ron Fein, director legal del grupo, señaló que, tras años de silencio, los funcionarios comienzan a discutir el asunto.
«Los redactores de la Decimocuarta Enmienda aprendieron la sangrienta lección de que, una vez que un insurrecto que rompe un juramento se involucra en una insurrección, no se puede confiar en él para regresar al poder», dijo Fein.
Antes de las elecciones intermedias de 2022, el grupo presentó una demanda para excluir de la boleta a la congresista federal Marjorie Taylor-Greene y al entonces representante Madison Cawthorn —ambos republicanos— por su apoyo a la protesta del 6 de enero. El juez a cargo del caso de Greene falló en favor de ella, mientras que el caso de Cawthorn se volvió irrelevante luego de ser derrotado en sus primarias.
Las complejas cuestiones legales fueron evidentes el miércoles cuando el diario Arizona Republic informó que Adrian Fontes —secretario de Estado de Arizona— dijo que tenía las manos atadas debido a un fallo del tribunal superior de ese estado según el cual sólo el Congreso puede excluir a alguien de la boleta presidencial de Arizona. Fontes, demócrata, calificó el fallo como «completa y absolutamente equivocado» en una entrevista con el Republic, pero dijo que cumpliría con él.
Si Trump aparece en la boleta electoral de Arizona, aquellos que crean que no está calificado aún pueden demandar en un tribunal federal para excluirlo. Otros secretarios de Estado navegan con cautela por el campo minado legal.
En una entrevista de radio a principios de esta semana, la secretaria de Estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, dijo que «se están presentando argumentos legales válidos» para mantener a Trump fuera de la boleta electoral y que eso es algo que está discutiendo con otros secretarios de Estado, incluidos aquellos en estados que son campos de batalla presidenciales.
Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, un republicano que resistió la presión de Trump cuando intentó anular los resultados de 2020 en ese estado, sugirió que la cuestión debería depender de los votantes. «Como secretario de Estado de Georgia me queda claro que los votantes son inteligentes y merecen el derecho a decidir las elecciones», dijo en una declaración enviada por correo electrónico.
Trump argumenta que cualquier esfuerzo por impedir que aparezca en la boleta electoral de un estado equivale a una «interferencia electoral», el mismo argumento que dice por los cargos penales presentados contra él en Nueva York, Atlanta, Washington D.C. y Florida.
«Y creo que lo que está sucediendo es que realmente ha habido una reacción negativa en contra de eso», dijo Trump al canal conservador Newsmax.
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En efecto: la oficina del secretario de Estado de Nuevo Hampshire se vio inundada de mensajes sobre el tema el lunes, dijo Anna Sventek, una portavoz. Más temprano ese mismo día, una personalidad conservadora había afirmado falsamente que el estado estaba a punto de excluir a Trump de la boleta electoral.
El miércoles, un candidato presidencial republicano con pocas posibilidades —John Anthony Castro, de Texas— presentó una denuncia en un tribunal de Nuevo Hampshire alegando que la Decimocuarta Enmienda excluía a Trump de la boleta en ese estado.
Se espera que las eventuales impugnaciones judiciales más importantes atraigan un mayor enfrentamiento legal. Pero Michael McConnell, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, quien es conservador y no apoya a Trump, dijo que el caso no será sencillo.
McConnell cuestiona si la disposición se aplica a la presidencia porque no es uno de los cargos específicamente enumerados en la Decimocuarta Enmienda, que en cambio se refiere al «elector de presidente y vicepresidente». También dijo que no es claro si el ataque del 6 de enero constituye una «insurrección» según la ley o simplemente un incidente menos complicado desde el punto de vista legal, como un motín.
Pero a McConnell también le preocupa el precedente político si Trump es finalmente excluido de alguna votación estatal. «No se trata sólo de Trump. En cada elección en la que alguien diga algo a favor de un motín que interfiera con la aplicación de las leyes, sus oponentes van a correr para intentar descalificarlo», dijo.
Ratificada en 1868, la Decimocuarta Enmienda ayudó a garantizar los derechos civiles para los esclavos liberados —y, al final, para todas las personas en Estados Unidos_, pero también se utilizó para impedir que exfuncionarios confederados se convirtieran en miembros del Congreso y asumieran el control del gobierno contra el que acababan de rebelarse.
La cláusula permite al Congreso levantar la prohibición, lo que hizo en 1872 cuando disminuyó la voluntad política de continuar con la proscripción de los exconfederados. La disposición casi nunca se utilizó después de eso. En 1919, el Congreso se negó a dar un escaño a un socialista en el Congreso alegando que había brindado ayuda y consuelo a los enemigos del país durante la Primera Guerra Mundial. El año pasado, en el primer uso de la disposición desde entonces, un juez de Nuevo México, en virtud de la cláusula, vedó de su cargo a un comisionado de un condado rural que ingresó al Capitolio el 6 de enero.
Si algún estado prohíbe que Trump contienda, se espera que su campaña de reelección presente una demanda y que posiblemente lleve el caso directamente a la Corte Suprema. Si ningún estado se lo prohíbe, Free Speech For People y Citizens for Responsibility and Ethics, en Washington, otra organización sin fines de lucro, probablemente objetarán su presencia en la boleta.
Es fundamental que el tribunal superior resuelva la cuestión antes de las elecciones generales, dijo Edward Foley, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio. Su temor es que, si las calificaciones de Trump no se resuelven y gana, los demócratas podrían intentar bloquear su ascenso a la Casa Blanca el 6 de enero de 2025, lo que desencadenaría otra crisis democrática.
Quienes presionan para invocar la enmienda coinciden y dicen que creen que el caso es claro. «Este no es un castigo. Es como decir que un presidente debe tener 35 años y ser ciudadano por nacimiento», dijo Noah Bookbinder, presidente de Citizens for Responsibility and Ethics. «Tampoco debiste haber ayudado a organizar un levantamiento contra el gobierno».
