Este mes se cumplen diez años desde que el senador Chuck Schumer declaró que “todos sabemos que nuestro sistema de inmigración está roto y es hora de trabajar en arreglarlo”. El senador John McCain citó a Winston Churchill. Pero fue Lindsey Graham el que hizo la predicción más osada.
“Creo que 2013 es el año de la reforma migratoria”, dijo el republicano de Carolina del Sur.
No lo fue. Y tampoco lo fue ningún año desde que ese “grupo de los ocho” senadores de ambos partidos se reunieron en un auditorio de Washington para hacer declaraciones esperanzadoras. De hecho, el panorama político actual ha cambiado de forma tan drástica que los activistas defensores de los migrantes y los ideólogos de políticas clave temen que cualquier esperanza de reforma esté ahora más lejos que nunca.
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Muchos republicanos piden tolerancia cero en la frontera como una forma de contentar a sus votantes de base. Los demócratas han pasado la última década vacilando entre restricciones más firmes en la frontera y esfuerzos por suavizar y humanizar la política de inmigración, lo que deja al descubierto las profundas divisiones sobre cuál es la mejor forma de abordar problemas más amplios.
“Hay grandes dudas de que haya algo en la cuestión migratoria, lo que sea, que tenga votos para aprobarse”, comentó Cecilia Muñoz, que sirvió como principal asesora de inmigración del expresidente Barack Obama y formó parte del equipo de transición de Joe Biden antes de que entrase en la Casa Blanca.
El último paquete legislativo importante se aprobó durante la presidencia de Ronald Reagan en 1986, y el presidente George H.W. Bush firmó una iniciativa más limitada cuatro años después. Eso implica que los agentes federales que vigilan la frontera hoy con herramientas como drones e inteligencia artificial hacen cumplir leyes que se escribieron cuando los celulares e internet eran novedades. Un incendio el mes pasado en un centro de detención de migrantes en el lado mexicano de la frontera mató a 39 migrantes e hizo patente el problema de la forma más letal posible.
El Congreso estuvo cerca de marcar un hito en inmigración en 2013 con el grupo de ocho senadores, que incluía a Schumer, un demócrata de Nueva York que ahora es líder de la mayoría en el Senado, y al republicano de Florida Marco Rubio. Su propuesta se aprobó en el Senado en junio de ese año y buscaba abrir una vía a la ciudadanía para millones de personas que estaban en el país sin permiso de residencia, así como ampliar las visas de trabajo, al tiempo que endurecía la seguridad en la frontera y obligaba a los empleadores a verificar la situación legal de sus trabajadores.
Los demócratas celebraron una estrategia más moderna en el proceso. Los republicanos buscaban el favor de la comunidad latina después de que Obama encontrara tanto apoyo de los votantes hispanos en su reelección en 2012.
Los grandes defensores de la propuesta eran tan diversos como el poderoso sindicato AFL-CIO y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. El plan tenía más apoyo que los intentos de hacer grandes reformas migratorias en 2006 y 2007, bajo el mandato de George W. Bush.
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Aun así, el presidente de la cámara, el republicano John Boehner valoró el apoyo a la iniciativa en la cámara de mayoría republicana en enero de 2014 y concluyó que había demasiados legisladores que desconfiaban del gobierno de Obama. Para el verano, la propuesta estaba muerta.
Entonces Obama creó un programa que protegía de la deportación a los migrantes que habían llegado de forma ilegal a Estados Unidos cuando eran niños. La Corte Suprema la ha respaldado en el pasado, aunque la mayoría actual conservadora de la corte por 6-3 podría ser una amenaza para esta política en el largo plazo.
Años después de la creación del programa de Obama, el presidente Donald Trump pidió levantar un muro en las 2.000 millas de frontera sur del país y su gobierno separó a los niños migrantes de sus padres, además de obligar a la gente a esperar en México mientras solicitaba asilo en Estados Unidos.
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Biden defendió un gran paquete de profundas reformas migratorias en el día de su investidura, pero el plan no avanzó en el Congreso. Desde entonces, su gobierno ha suavizado algunas medidas de inmigración de Trump y endurecido otras, mientras el partido Republicano gana adeptos entre los votantes hispanos.
Las autoridades han seguido aplicando las restricciones de salud de la pandemia conocidas como Título 42 que permitían la rápida expulsión de migrantes que solicitaban asilo en Estados Unidos, aunque está previsto que esa medida expire el 11 de mayo. La Casa Blanca de Biden también estudia ubicar a familiar migrantes en centros de detención mientras se tramitan sus peticiones de asilo, algo que hicieron los gobiernos de Obama y Trump.
Gil Kerlikowske, que fue responsable de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) durante el gobierno de Obama, dijo que “muchas cosas se están concretando a la vez”, como el posible final del Título 42, un aumento en el número de migrantes suramericanos que cruzan los peligrosos bosques del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, y unas elecciones presidenciales en 2024 que aumentan la presión política.
“Tras dos años y medio de (este) gobierno, en realidad no ha habido ningún anuncio sobre cuál es nuestra política de inmigración”, dijo Kerlikowske. “Aprobar leyes es casi imposible. ¿Pero cuál ha sido la política?”.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés) está tan desesperada por conseguir avances significativos que ha empezado a pedir una moratoria total de hasta seis meses en el proceso de asilo de Estados Unidos para calmar la situación en la frontera. Su presidente, Domingo Garcia, dijo que los migrantes saben que son procesados y pueden permanecer en Estados Unidos durante años mientras pelean en los tribunales por conseguir el asilo, y que las autoridades tienen que “cerrar el grifo” para ayudar a las agobiadas ciudades de frontera.
“Necesitamos un reseteo total”, dijo Garcia, que preside la organización latina de derechos civiles más antigua de Estados Unidos. “Creo que la gente en la ultraizquierda se equivoca tanto como los que creen que deben cerrar la frontera y que no pase nadie”.
El gobierno de Biden anunció a principios de enero que permitiría la entrada de hasta 30.000 personas al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela durante dos años con autorización para trabajar tras una solicitud en internet. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alega que las nuevas normas están diseñadas para debilitar a los cárteles que ayudan a los migrantes a entrar de forma ilegal en Estados Unidos.
“Nuestro modelo es construir rutas legales, seguras y ordenadas para que la gente que llega a Estados Unidos pida asilo y dejar fuera a las organizaciones de contrabando”, dijo Mayorkas hace poco.
Parece estar funcionando, por ahora. En 2022, las autoridades federales detuvieron a migrantes más de 2,5 millones de veces en la frontera sur -incluidas más de 250.000 paradas en diciembre, la cifra más alta jamás registrada-, pero en los dos primeros meses de este año se desplomaron los encuentros con migrantes.
Pero al tiempo que se reducían los cruces, al otro lado de la frontera se acumulaban miles de personas que confiaban en pedir asilo mientras esperaban en México. El incendio del mes pasado en un centro del gobierno mexicano comenzó entre protestas de migrantes que temían ser deportados. Algunos de los que estaban retenidos dijeron que estaban intentando solicitar asilo por internet cuando fueron detenidos por autoridades mexicanas.
Entre tanto, los meses más cálidos suelen coincidir con grandes incrementos en el número de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos. Y los activistas dicen que Biden ha dado señales contradictorias al seguir aplicando el Título 42 y estudiar la reapertura de centros de detención para familias, algo que incluso líderes demócratas condenan ahora.
“Le instamos a aprender de los errores de sus predecesores y abandonar cualquier plan de aplicar esa política fracasada”, escribieron hace poco Schumer y otros 17 senadores demócratas en una carta a Biden que calificaba las medidas de detención de familias como “moralmente reprobables e ineficaces como herramienta de gestión migratoria”.
Los republicanos han arremetido contra la “crisis de frontera” de Biden y, desde el auge al poder de Trump han ganado votantes en zonas de mayoría latina. Se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sea la principal alternativa a Trump en las primarias presidenciales republicanas del año que viene. El gobernador envió a migrantes de Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, alegando que los demócratas en el resto del país estaban ignorando la presión de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.
En Miami, Nery Lopez estaba entre los activistas que se movilizaron hace poco para oponerse a una ley estatal que castigaría a las personas que transporten a migrantes que estén en el país sin permiso de residencia. Lopez, que ahora tiene 27 años, llegó con cuatro años al país desde México y está protegida de la deportación por el programa de Obama.
Lopez dijo que los activistas contaban con que el gobierno de Biden contrarrestara las duras políticas de inmigración republicanas.
“La gente se siente derrotada. Yo me siento derrotada”, explicó. “Es como si estuviéramos pasando por el mismo ciclo”.
