El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el domingo que su gobierno planea seguir adelante con la reforma del sistema judicial a pesar de las feroces críticas de altos funcionarios y las protestas contra los cambios que atrajeron a miles de personas.
Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción, ha hecho de la reforma al sistema judicial la pieza central de su nuevo gobierno, y la creciente oposición a ésta representa el primer desafío del líder israelí. Los opositores afirman que los cambios podrían ayudar a Netanyahu a eludir la condena en su juicio por corrupción, o hacer desaparecer por completo la causa judicial.
La reforma debilitaría las facultades de la Corte Suprema, otorgando a los legisladores la capacidad de aprobar con mayoría simple leyes que el tribunal haya anulado, además de dar al gobierno mayor poder sobre el nombramiento de jueces y limitar la independencia de los asesores jurídicos del gobierno.
Los cambios propuestos han provocado las protestas del presidente de la Corte Suprema, quien, en una crítica poco habitual, calificó la reforma de “ataque desenfrenado al sistema judicial”. El fiscal general también se ha pronunciado en contra del plan, al igual que muchos de sus predecesores, mientras que miles de personas protestaron el sábado en Tel Aviv contra los cambios propuestos.
A pesar de la oposición, Netanyahu dijo en una reunión de su gabinete que los votantes depositaron sus votos en las elecciones de noviembre en apoyo de su promesa electoral de reformar el sistema judicial.
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“Terminaremos de legislar las reformas de forma que se corrija lo que haya que corregir, se protejan totalmente los derechos individuales y se restablezca la fe del público en el sistema judicial que tanto requiere esta reforma”, indicó Netanyahu.
En el pasado se han hecho llamamientos para reformar el sistema judicial israelí, al que se dio mayor peso en la década de 1990 y que desde entonces ha sido considerado por los críticos como demasiado intervencionista en el proceso de elaboración de leyes. Pero los cambios radicales que pretende introducir el ministro de Justicia de Netanyahu han inquietado a los opositores, que los consideran una sentencia de muerte para el sistema de controles y equilibrios de Israel y, a su vez, para sus fundamentos democráticos.
