A María Belén la asesinaron en una escuela policial. A Valentina la mataron en su colegio. De Juliana sólo se sabe que falleció a manos del pastor de su iglesia. Ahora sus madres claman justicia por los femicidios en Ecuador, donde cada 28 horas matan a una mujer.
Ellas corean con fuerza el nombre de sus hijas en medio de las protestas feministas y gritan consignas como «¡Ni una menos!» para exigirle celeridad al saturado sistema judicial.
Según la Fiscalía, en lo que va de 2022, 70 mujeres han sido víctimas de femicidios pero organizaciones feministas sostienen que hasta noviembre hubo 276 casos en el país de 18 millones de habitantes.
Latinoamérica registró 4.473 femicidios en 2021, con las tasas más altas en Honduras (4,6), República Dominicana (2,7) y El Salvador (2,4) por cada 100.000 habitantes, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La AFP habló con tres madres que lidian con el dolor de la ausencia y las trabas de la justicia.
CONTRA UN «MONSTRUO»
«Por María Belén, nadie se cansa», repite como un mantra Elizabeth Otavalo (54 años), una administradora pública que lleva el rostro de su hija estampado en una camiseta blanca.
Durante diez días buscó a María Belén (34) sin éxito hasta que las autoridades hallaron el cadáver con signos de violencia en un cerro a pocos kilómetros de la Escuela Superior de Policía, donde había sido vista por última vez.
Su yerno, un teniente de la institución, es el principal sospechoso del asesinato ocurrido el 11 de septiembre en Quito. Dos uniformados más están vinculados a la investigación.
«Estoy luchando contra un monstruo que es el Estado (…) porque las instituciones que están para resguardar nuestros derechos ni acompañan ni ayudan», lamenta Otavalo.
La muerte de la abogada María Belén desató protestas en Ecuador, donde la tasa de feminicidio es de 0,8 por cada 100.000 habitantes.
Otavalo denuncia solidaridad «de cuerpo» de la Policía para encubrir el crimen.
«Hubo muchos implicados. ¿Quién sacó el cuerpo de mi hija, quién hizo esa barbaridad?», se pregunta la madre a cargo de un nieto huérfano.
Las familias de las víctimas, aparte del duelo, deben «cargar con un Estado indolente», se queja.
«JUSTICIA INCOMPLETA»
En una gasolinera en el sur de Quito, donde vio por última vez a su hija de 18 años, Juliana Campoverde, Elizabeth Rodríguez (48) saca cuentas.
«Llevo diez años, cinco meses y ocho días de total sufrimiento. Me robaron la paz» el 7 de julio de 2012, dice con voz rota junto a una placa que hizo en memoria de su hija asesinada.
Sin rastro del cuerpo, Rodríguez grabó allí una promesa: «Hasta mi último suspiro te buscaré».
El pastor de una iglesia evangélica a la que asistía la familia fue condenado a 25 años de cárcel por el secuestro y muerte de Juliana. En su confesión dijo haber arrojado el cuerpo a una quebrada tras un supuesto accidente.
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«Es una justicia incompleta. Sin que me hayan devuelto a Juliana no es justicia», reclama abrazada a una foto de la joven.
El caso pasó por once fiscales, hasta que una especialista en género reunió las pruebas suficientes para condenar a Carrillo. En una prolongada trama de acoso anterior al crimen, el pastor exigió a Juliana casarse con su hermano, entre otros abusos.
En Ecuador hay 39 unidades judiciales y 112 jueces exclusivos para casos de violencia contra mujeres, pero «la dimensión de la demanda supera todos los esfuerzos», según el Consejo de la Judicatura.
SIN OLVIDO
Ruth Montenegro (47) volvió canción el duelo. Su hija Valentina Cosíos,flautista y bailarina de ballet, fue asesinada hace seis años en su escuela, cuando apenas tenía 11 años.
«Cuando te arrebataron, Valentina, de mi lado, esos que te asesinaron, me juré (…) radicalizar mi lucha y te convertiste entonces en mi dulce rebeldía», tararea la madre de voz delicada en el canto y vehemente en las protestas.
Un grupo de niños encontró el cadáver en medio de los juegos infantiles. En principio las autoridades trataron el caso como un accidente y luego, como suicidio.
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Dos autopsias y una exhumación determinaron que hubo violencia sexual y fue asfixiada. Pero ya era tarde para buscar un culpable, explica Montenegro en un parque central de Quito donde solía elevar cometas con Valentina.
«Nuestras historias tienen una columna vertebral, un hilo conductor, y es la impunidad. (…) Que nuestras historias terminen (investigadas) como suicidios o accidentes es fruto de la naturalización de la violencia», señala y pide sanciones contra maestros y autoridades del colegio por homicidio culposo.
La madre lleva en su mochila libros y el traje de ballet de Valentina. Su lucha es contra la impunidad pero también contra el olvido.
«La justicia de la memoria es fundamental (…) para recordarle a la sociedad lo que no debe volver a pasar», sostiene.
