El Consejo de la Unión Europea declaró el lunes persona no grata a la embajadora de Nicaragua en Bruselas en reciprocidad a la reciente expulsión de la representante de la UE en Managua, Bettina Muscheidt. La decisión fue notificada en un comunicado de prensa emitido por la sede de la UE en Bruselas.
La UE reafirmó «su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos», indicó documento. Agregó que la crisis política en Nicaragua debe resolverse «mediante un verdadero diálogo entre el gobierno y la oposición» y que la UE sigue abierta al diálogo con Nicaragua «siempre que éste se desarrolle de forma respetuosa».
La embajadora de Nicaragua ante la UE es Zoila Yanira Müller Goff. A fines del mes pasado, la Cancillería nicaragüense expulsó a la embajadora Muscheidt, días después de que el bloque de 27 naciones exigiera al presidente Daniel Ortega la liberación de más de 200 opositores presos.
Días después que el gobierno de Nicaragua declarara "persona non grata" a la embajadora de la UE en ese país, este lunes la UE tomó la misma decisión con la jefa de la delegación nicaragüense en Europa. Más detalles en el siguiente artículo: https://t.co/FN5h46Araz
— Voz de América (@VozdeAmerica) October 10, 2022
La UE también había pedido a Ortega permitir el ingreso de los organismos internacionales de derechos humanos y a «devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense, a sus legítimos dueños, y a restaurar la democracia genuina».
El gobierno de Ortega nunca confirmó la expulsión de la embajadora, que había presentado sus cartas credenciales un año antes. La UE sí lo hizo y anunció que prepararía una respuesta a esa decisión. La embajadora de la UE fue la segunda diplomática europea expulsada de Nicaragua por el gobierno de Ortega este año. En marzo, el Vaticano reportó la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien había realizado gestiones para interceder por la libertad de los reos de conciencia.
A la expulsión de Bettina Muscheidt siguió, días después, la abrupta ruptura de relaciones con Holanda, luego de que el país europeo criticara «las violaciones de los derechos humanos» por parte del gobierno nicaragüense y anunciara el cese de la construcción de un hospital en el país.
El propio Ortega calificó públicamente a Holanda como «país intervencionista» tras expresar su malestar por una reciente visita a Managua de la embajadora holandesa en Costa Rica, Christianne Pirenne, quien le comunicó al canciller Denis Moncada la suspensión de la construcción de un hospital en Bilwi (Caribe norte).
En un comunicado, el gobierno holandés consideró «lamentable» que Nicaragua elija responder «de esta manera desproporcionada a un mensaje crítico sobre la democracia y los derechos humanos», y anunció que consultaría con otros países europeos la decisión a tomar. Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando una rebelión ciudadana fue disuelta a balazos por policías y paramilitares, que dejaron 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
