Los hallazgos publicados el viernes por la Oficina del Inspector General plantean preocupaciones sobre el posible daño a la calidad del censo que se realiza cada 10 años y que determina el poder político y el financiamiento federal.
Es posible que quedaran fuera del conteo estudiantes que no acudían a los centros de estudio debido a que el censo comenzó casi al mismo tiempo que los alumnos fueron enviados a casa para detener la propagación de COVID-19 en marzo de 2020, encontró la revisión.
Durante el censo de 2020, The Associated Press documentó casos de censistas que fueron presionados por sus supervisores para ingresar información falsa en un sistema informático sobre hogares que no habían visitado para poder cerrar casos durante los últimos días del censo.
Los supervisores podían rastrear el trabajo de sus censistas a través de dispositivos móviles que los censistas usaron para registrar información sobre el número de hogares, las características demográficas y las relaciones de los miembros entre sí. Como resultado, los supervisores recibirían alertas cuando las acciones generaran señales de alarma sobre la precisión, como cuando un censista registra datos en una casa estando lejos de la dirección o aquel que realiza una entrevista en solo unos minutos. Como verificación de control de calidad, otros censistas fueron enviados de regreso a los hogares para volver a entrevistar a los residentes.
Fue el más fuerte de las decenas de temblores registrados desde el sábado. Aquí los vídeos #LHInternacional https://t.co/XgCD8GriNC
— Diario La Hora (@lahoragt) September 18, 2022
De los 1.400 censistas que fueron designados como “fallos duros” debido a preguntas sobre la precisión de su trabajo, solo 300 fueron despedidos por desempeño insatisfactorio, según el informe.
El censo es la movilización no militar más grande de Estados Unidos. Los datos recopilados determinan cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado. Los números también se usan para rediseñar distritos políticos y distribuir 1,5 billones de dólares en gastos federales cada año. Los conteos deficientes pueden costar fondos a las comunidades.
