Seis organizaciones sociales documentaron más de 3.100 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que el gobierno responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según estas organizaciones, además de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad. El informe elaborado por Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, AMATE y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló haber documentado 3.186 casos desde el 27 de marzo al 31 de julio.
De acuerdo con las denuncias, más del 86% de los detenidos son hombres de entre los 18 y 30 años, pero también se han identificado 12 mujeres trans y tres hombres trans. En una conferencia de prensa los representantes de las organizaciones denunciaron además que en abril las autoridades de seguridad divulgaron las fotografías de dos mujeres trans detenidas, con el torso desnudo y sin usar el nombre con el que se identifican.
#Antinarcóticos | Mientras que, los 4 guatemaltecos, 2 colombianos y un ecuatoriano fueron capturados el pasado 26 de agosto con 2,290 kilos de cocaína con un valor comercial de US$57 millones aproximadamente. pic.twitter.com/8HR4s2uFTv
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 31, 2022
El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele luego de una ola de crímenes que sacudió al país. Este régimen limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Las medidas impulsadas por El Salvador para combatir las pandillas han sido ampliamente defendidas por el gobierno, pero activistas y miembros de la comunidad internacional las han cuestionado por considerar que abren la puerta a violaciones de los derechos humanos.
Desde que se aprobó el estado de excepción las fuerzas de seguridad han arrestado a 51.241 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.
El Ministerio Público informó que los jueces han decretado la detención provisional de 45.849 supuestos pandilleros o colaborares.
