Un opositor al gobierno del presidente Pedro Castillo sostiene fotografías de Castillo, cuñada Yenifer Paredes y su esposa Lilia Paredes con la leyenda "Delincuentes", a las afuertas de una corte durante una protesta fuera de un tribunal en contra de Yenifer Paredes en Lima. Foto La Hora: Martin Mejia/Ap.

Un juez peruano dictó el domingo una sentencia de dos años y medio en prisión para Yenifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, mientras se le investiga por su presunta participación en una organización criminal para lavar activos, a la que también pertenecerían el mandatario y la primera dama.

Después de postergar su decisión por dos ocasiones, el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dijo que existía «una alta probabilidad de peligro de fuga», por lo que no se podía dictar otra medida que la prisión preventiva.

A pesar de ser la cuñada del mandatario, Paredes, de 26 años, fue criada desde pequeña como hija de la pareja presidencial después de la muerte de su madre. Paredes permanecerá encarcelada en la prisión Santa Mónica, de la capital, hasta el 9 febrero de 2025. La defensa de la acusada apeló la decisión.

La semana pasada, la fiscalía peruana había solicitado a un juez una condena de tres años de cárcel preventiva contra Yenifer Paredes mientras se lleva a cabo la investigación. Paredes cumplió el domingo 18 días desde que fue detenida. Paredes se entregó a la fiscalía el 10 de agosto, un día después de que la policía fracasó en su intento de detenerla en el palacio presidencial.

La fiscalía acusa a Castillo, a varios familiares, al actual ministro de Transportes Geiner Alvarado, y a un alcalde del pueblo donde vivía el mandatario, de integrar un grupo criminal. La coordinadora sería la primera dama y los testaferros tres cuñados de Castillo, incluyendo a Yenifer Paredes. En tanto, las empresas fachada serían propiedad de allegados a la familia presidencial.

La fiscalía presume que Yenifer Paredes ayudó al dueño de una de estas empresas a obtener contratos de obras públicas a pesar de no tener la capacidad económica ni la experiencia para garantizar la ejecución de las obras.

 

Castillo suma al momento seis investigaciones fiscales, pero niega todas las acusaciones.

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