La creciente crispación social quedó en evidencia el jueves en Argentina luego de que organizaciones peronistas y de izquierda tomaran las calles de la capital en reclamo de más ayuda estatal para contrarrestar la inflación.
Varias agrupaciones cortaron distintos puntos de Buenos Aires para luego marchar por las principales avenidas en largas columnas hacia la Plaza de Mayo, donde se encuentra la casa de gobierno. Allí tienen previsto quedarse varias horas para plantear sus demandas.
Los militantes de estas organizaciones, que vienen multiplicando sus protestas desde hace meses, exigen un bono especial de unos 20.000 pesos (unos 148 dólares) para hacer frente a la incesante suba de precios.
También piden un incremento del salario mínimo -en la actualidad de 45.540 pesos (unos 340 dólares)- y la mejora de los programas laborales que brinda el Estado para que garanticen más empleos, mejor remunerados y con los mismos derechos laborales de los que gozan las personas ocupadas en el sector formal.
Asimismo los manifestantes solicitan un encuentro con la ministra de Economía, Silvina Batakis, cuya reciente llegada al gobierno ven con suspicacia al considerar que aplicará el ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo firmado con el país en marzo para refinanciar una deuda de 45.000 millones de dólares.
Sebastián Martino, referente de Barrios de Pie Libres del Sur y quien marchaba en una de las columnas con una pancarta que rezaba «Derrotemos el ajuste», dijo a The Associated Press que el malestar social se está agudizando «gravemente» por la suba de precios, sobre todo de alimentos, «la falta de trabajo y porque no llegamos a fin de mes».
El militante se lamentó de que las medidas que ha anunciado la ministra de Economía apuntan a un recorte del gasto público en lugar de asegurar más ayuda estatal para quienes la requieren. «Nos dio un mensaje: que el ajuste es para el pueblo, para los maestros, para los médicos», sostuvo Martino.
La inflación fue de 5,3% en junio y la acumulada en el primer semestre del año alcanzó 36,2 %. Los economistas estiman que a fin de año llegará a por lo menos 80%.
El gobierno del presidente peronista Alberto Fernández no encuentra la forma de revertir la suba de precios, que en parte se ha acelerado por la guerra de Rusia y Ucrania. Argentina es el segundo país de América latina con más inflación después de Venezuela, lo que está golpeando con dureza a cerca del 40% de la población sumergida en la pobreza.
Hasta ahora los controles de precios aplicados de forma reiterada por el gobierno en alimentos y otros artículos necesarios no han surtido efecto, lo que el oficialismo atribuye en gran parte a maniobras especulativas. La portavoz gubernamental Gabriela Cerruti indicó que la ministra de Economía «está trabajando con los empresarios para reconstituir la cadena de formación de precios» y reclamó a los especuladores -a los que no identificó- que «no jueguen con la mesa de los argentinos».
Argentina: se multiplican las protestas en reclamo de ayuda estatal para contrarrestar efectos de la inflación https://t.co/9XvT5dbCby
— AP Noticias (@AP_Noticias) July 14, 2022
Los dirigentes de las organizaciones sostienen que familias enteras y personas que trabajan acuden a alimentarse los comedores populares que se han multiplicado.
«No les alcanza para llegar a fin de mes… Por eso es necesario que estemos en la calle. Y si (el gobierno) sigue con su plan, no vamos a salir de la calle», sostuvo Vilma Ibarra, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, quien también participó en la movilización a Plaza de Mayo.
En la misma jornada de protestas, militantes de organizaciones más cercanas al oficialismo -como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular- se concentraron frente al Congreso para exigir al gobierno la implementación de un salario básico universal que mejore los ingresos de la población.
Ese salario sería para quienes no pueden acceder a un trabajo o lo tienen pero no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos y bienes no alimentarios para una familia de cuatro miembros, calculada en cerca de 100.000 pesos mensuales (unos 740 dólares).
