El Tribunal Constitucional de Bolivia dio vía libre a un nuevo juicio ordinario contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, condenada recientemente a 10 años de prisión y a quien le han negado un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por la crisis política de 2019.
«Hay que esperar los pronunciamientos que tengan que darse en la justicia ordinaria», dijo a radio Erbol el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Paul Franco, al dar cuenta de la resolución de ese tribunal.
Áñez sería procesada por la designación presuntamente irregular de un directivo de una empresa estatal. «El TC viola principios elementales, las leyes y el Estado de Derecho, al viabilizar un ilegal juicio ordinario contra la expresidente Áñez», dijo en su cuenta de Twitter el expresidente Carlos Mesa, rival del exmandatario Evo Morales en las fallidas elecciones de 2019.
En junio la exsenadora de centroderecha fue condenada a 10 años también en un juicio ordinario por incumplimiento de deberes y resoluciones anticonstitucionales por la sesión del Congreso en 2019 en la que se proclamó presidenta del país.
Bolivia: preparan otro juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez https://t.co/Vs7zWthtke
— AP Noticias (@AP_Noticias) July 13, 2022
Un juicio de responsabilidades debe ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lidera Morales, no tiene.
La condena ha merecido cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales que han observado la falta de independencia del Poder Judicial de Bolivia. Tras el fallo, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, dijo en un pronunciamiento público que «tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato».
Tras perder un referendo que rechazó su postulación, Morales se candidateó a un cuarto mandato consecutivo, pero las elecciones de 2019 fueron calificadas de fraudulentas por la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que detonó un estallido social y obligó al político a dimitir y refugiarse en México.
Encarcelada desde hace 16 meses en una prisión de La Paz, Áñez enfrenta otras demandas, entre entre ellas por la muerte de 20 manifestantes durante la violentas protestas que siguieron a los fallidos comicios.
En las protestas de casi un mes 37 personas murieron entre partidarios y opositores de Morales, quien ahora es un influyente político como jefe del partido gobernante.
