Thomas Webster (con una chaqueda roja) durante la toma del Congreso del 6 de enero del 2021 en Washington. Foto La Hora: Metropolitan Police Department vía AP.

 

Más de 800 personas de todo el país han sido imputadas en conexión con la toma del Congreso del 6 de enero del 2021, que dejó a varios policías ensangrentados y obligó a los legisladores a buscar refugio. Las autoridades siguen arrestando gente casi todas las semanas.

Los miembros de la turba trumpista sublevada son acusados de faltas menores cuando lo único que hicieron fue ingresar al Capitolio, pero se les imputa delitos conspirativos graves en los casos de extremistas de derecha. Es el proceso más grande jamás encarado por el Departamento de Justicia, cuyo líder, Merrick Garland, se comprometió a hacer rendir cuentas a «todos los participantes en el 6 de enero, a todo nivel».

En momentos en que la comisión de la cámara baja que investiga los hechos se prepara para llevar a cabo una serie de audiencias detallando sus conclusiones, he aquí un vistazo al estado de cosas desde un punto de vista penal.

¿QUIÉNES HAN SIDO ACUSADOS?

Las autoridades detuvieron gente en casi todos los 50 estados en conexión con los disturbios. Incluidos expolicías y militares, un nadador que ganó cinco medallas olímpicas y el hijo de un juez de la ciudad de Nueva York. Cientos de personas que ingresaron al edificio pero no destruyeron nada ni participaron en la violencia son acusados de faltas menores, como alterar el orden público, castigables con hasta seis meses en la cárcel.

Más de 250 personas fueron acusadas de agredir policías o de obstruir su desempeño. Más de 85 fueron acusados de usar armas letales o peligrosas, o de lastimar a un agente. Otros fueron acusados de agredir a periodistas –un fotógrafo de la Associated Press– o de destruir equipo de la prensa.

Las imputaciones más serias afectan a miembros de dos organizaciones extremistas de derecha, los Oath Keepers y los Proud Boys. Los líderes de ambas organizaciones fueron detenidos y siguen presos, a la espera de ser juzgados por sedición, acusados de resistir por la fuerza la transferencia de la presidencia. Se trata de un delito rara vez invocado de la era de la guerra civil (1861-65), que contempla hasta 20 años de cárcel.

¿QUIÉNES FUERON CONDENADOS?

Más de 300 personas se declararon culpables de una serie de faltas, incluidas conspiración y agresión. Tres oath keepers admitieron haber conspirado y cooperan con las autoridades. Podrían terminar declarando contra sus compañeros.

Ha habido siete juicios hasta ahora en tribunales federales del Distrito de Columbia. Los primeros cinco jurados hallaron a los imputados culpables de todos los cargos. Entre los condenados figura Thomas Webster, quien sirvió 20 años en el Departamento de Policía de Nueva York. Webster, ya retirado de la policía, fue acusado de agredir a un agente. Dice que se defendió al ser atacado por el agente, y que se le fue encima y tomó su máscara antigás.

 

Los jurados rechazaron asimismo la defensa de un individuo de Ohio que dijo que simplemente cumplió «las ordenes del presidente» Trump cuando ingresó al Congreso. Dustin Byron Thompson fue condenado por impedir que el Congreso certificase la victoria de Joe Biden y otros cargos. Un juez decidió otros dos casos sin jurados, absolviendo a un imputado y exonerando parcialmente a otro.

¿CUÁLES SON LOS CASTIGOS?

Ya han sido sentenciadas casi 200 personas. Las condenas van desde la libertad condicional hasta más de cinco años en la cárcel. Unas 100 personas acusadas de delitos menores evitaron ir a la cárcel, aunque algunas permanecen bajo prisión domiciliar.

La condena más grande –a más de cinco años de cárcel– la recibió Robert Palmer, de Largo (Florida), por tirar a la policía un tablón y rociarla con un apagaincendios, que también terminó arrojando hacia los agentes. Otro que recibió una condena larga fue Jacob Chansley, el individuo con pecho descubierto y cuernos que pasó a ser una de las figuras más reconocidas del ataque. Chansley, quien se describe como un «shaman de QAnon», fue condenado a tres años y medio de prisión tras admitir haber ingresado al salón del Senado y haber escrito una nota al vicepresidente Mike Pence en la que decía que «es cuestión de tiempo. Se hará justicia'».

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PASO?

Se espera que los dos juicios más importantes, a elementos de Oath Keepers y Proud Boys, se lleven a cabo en los próximos meses.

Henry «Enrique» Tarrio, quien supo ser uno de los máximos jefes de los Proud Boys, y otras cuatro personas allegadas a esa organización fueron acusadas de conspiración sediciosa y de otros cargos. Su juicio comenzará el 9 de agosto.

Tarrio, quien renunció a la presidencia de la agrupación, fue detenido dos días antes de los disturbios y no participó en la toma del Congreso. Pero fue acusado de participar en la planificación del ataque.

El juicio del otro jefe de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, y de cuatro miembros de la organización está programado para el 26 de septiembre. Los fiscales dicen que los Oath Keepers complotaron durante semanas para tratar de alterar el resultado de las elecciones y se prepararon para un asedio comprando armas y elaborando planes de combate.
Las autoridades todavía buscan numerosos sospechosos, incluida la persona que instaló dos bombas frente a las oficinas de los comités nacionales demócrata y republicano la noche del 5 de enero.

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