El presidente hondureño Juan Orlando Hernández responde preguntas de The Associated Press, el martes 13 de agosto de 2019, al salir de una reunión en la sede de la Organización de los Estados Americanos, en Washington. Foto: La Hora/AP

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras designa este martes al juez que deberá resolver la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra el expresidente Juan Orlando Hernandez (2014-2022), sobre quien pesan señalamientos de narcotráfico.

A esos efectos, la presidencia de la CSJ «convoca de manera urgente a los honorables magistrados a sesión del pleno» a las 9H30 locales (15H30 GMT).

La residencia de Hernández, que entregó el poder el 27 de enero a Xiomara Castro, amaneció rodeada de un fuerte contingente policial instalado desde la noche del lunes, cuando trascendió el pedido de su extradición.

El expresidente divulgó un audio en el que mandó un mensaje a todos los que lo «han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos (…) No es un momento fácil. A nadie se lo deseo».

 

«La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento en que el juez natural, que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme», añadió.

El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció en el telenoticiero TN5 que su representado estaba siendo objeto de «atropellos» al ser rodeada su vivienda por el cordón policial, impidiendo el acceso de sus asesores.

Decenas de personas llegaron con pancartas para celebrar frente su residencia. En tanto, en otras ciudades del país, hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen con una pegajosa canción que versaba «Juancho va para Nueva York», según videos que circularon en redes sociales.

El abogado Félix Avila, quien se identificó como miembro de la defensa de Hernández, dijo en un video esperar que el juez que sea designado tome «las decisiones conforme a lo que establece la Constitución» sobre las «extradiciones».

Tras entregar el poder, Hernández, conocido por sus iniciales JOH, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.

Y pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, varios analistas señalan que carece de ese privilegio porque no goza de ese beneficio en su país. En cualquier caso, los estatutos de la asamblea regional indican que «a solicitud de las autoridades competentes del país», el Parlacen «podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus Diputados».

Corrupción y narcotráfico 

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández había sido incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, por lo que había ordenado «las restricciones de visa contra el expresidente (…) debido a actos corruptos».

Fiscales de Nueva York señalaron a JOH de tener lazos con el narcotráfico durante el juicio contra su hermano, el exdiputado «Tony» Hernández, quien fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por ese delito.

«Según múltiples informes creíbles de los medios», Hernández «se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas», afirmó Blinken.

 

Fiscales estadounidenses se refirieron al exgobernante como «co-conspirador» y afirmaron que convirtió a Honduras en «narcoestado».

Hernández afirma que Estados Unidos lo señala en base a «declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos» que fueron extraditados por su gobierno.

Al asistir a la investidura de Xiomara Castro, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, saludó el compromiso de la nueva gobernante para combatir la corrupción y la impunidad.

Castro prometió desmantelar leyes aprobadas durante el gobierno de Hernández que disminuyeron las penas por delitos de narcotráfico y corrupción.

El 8 de febrero otro narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en Nueva York a cadena perpetua y una multa de 151,7 millones de dólares por enviar a Estados Unidos «toneladas» de cocaína en connivencia con altos cargos políticos, entre ellos el expresidente Hernández.

Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014) -del Partido Nacional, el mismo que los Hernández- fue condenado a 24 años de cárcel en Nueva York en 2017 por ayudar a traficar 1,4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

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