Dos periodistas fueron asesinados en México en una semana. El fotoreportero independiente Margarito Martínez fue baleado el lunes en la ciudad fronteriza de Tijuana, justo el día que se confirmó el homicidio de otro periodista en el estado de Veracruz, en el golfo de México.
Martínez, quien trabajaba como fotógrafo policiaco para el grupo Cadena Noticias y otros medios locales e internacionales, fue baleado poco después de salir de su casa, en la calle 5 de Mayo de la colonia Sánchez Taboada, al sureste de Tijuana, dijo a la AP Antonio Maya, reportero del medio. “Iba saliendo de su casa y lo atacaron a balazos”, relató Maya.
Los alrededores del lugar donde ocurrió el asesinato fueron tomados por elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional, quienes mantienen restringido el paso, indicó a la AP Alejandra Guerra, amiga y colega de Martínez.
Guerra precisó que hace un mes Martínez tuvo un altercado con un expolicía, que actúa ahora como supuesto comunicador, que lo señaló de ser editor de dos páginas de Facebook que se dedican a la publicación de crímenes.
A raíz de ese incidente la asociación “Yo sí soy periodista”, que agrupa a varios comunicadores de Tijuana, solicitó a las autoridades seguridad para Martínez. Días antes de su asesinato las autoridades estatales le activaron el mecanismo de protección y le dieron un número telefónico al que tenía que llamar si estaba en riesgo.
A pocos metros del lugar donde fue asesinado el fotoperiodista se encontraba Sonia de Anda, comunicadora e integrante de la asociación, junto a una veintena de colegas a la espera de que las fuerzas de seguridad les permitieran el paso para ver por última vez a Martínez.
“Da mucha impotencia, da mucho coraje de que el mecanismo no tenga una verdadera efectividad. Que los periodistas alerten sobre sus temores y de nada nos sirva porque nada más nos dan un número telefónico para llamar”, dijo de Anda, y agregó que Martínez había solicitado el mecanismo de protección porque “tenía el temor que lo señalaran grupos criminales como responsable de esas publicaciones”.
Martínez, de 49 años, ejercía el fotoperiodismo desde hace más de dos décadas y fue productor y colaborador de algunos medios internacionales en Tijuana, localidad cercana a la frontera con Estados Unidos que se mantiene azotada por la acción de organizaciones dedicados al narcotráfico y otros delitos.
Entre los medios locales con los que trabajó estaban Punto Norte, Grupo Cadena Baja California, La Jornada Baja California, Semanario Zeta, El Imparcial, Alfredo Alvarez, Comunicante MX, Séptimo Día, Glocal.com y PSN Noticias.
Más temprano se confirmó el asesinato del comunicador mexicano José Luis Gamboa que murió tras ser atacado con un arma blanca durante un supuesto asalto en Veracruz.
Gamboa, quien se desempeñaba como director del diario digital Inforegio, fue hallado malherido en una calle del fraccionamiento Floresta, estado de Veracruz, tras un presunto asalto, y posteriormente fue llevado a un hospital donde falleció el 10 enero, indicaron medios locales.
Al condenar el hecho el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), dijo en su cuenta de Twitter que el cuerpo de Gamboa fue localizado a inicios de la semana pasada pero que no fue sino hasta el 14 de enero que fue identificado.
Tanto el CPJ como la ONG Reporteros Sin Fronteras exigieron a las autoridades investigar a fondo la muerte del periodista. “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado”, dijo Reporteros Sin Fronteras al pedir que no se descartara el móvil de su labor periodística.
México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el CPJ, una ONG de protección a la prensa con sede en Nueva York. Según sus datos, hasta diciembre había nueve periodistas asesinados y de ellos tres fueron por represalias por su labor informativa, aunque aún se investigan otros casos para determinar el motivo.
Los periodistas y defensores de derechos humanos no han podido escapar de la crisis en materia de derechos humanos que enfrenta México, donde hay una impunidad de más de 90% en los casos de asesinatos, según reconoció en diciembre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
