El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tomó posesión para un nuevo mandato de cinco años, el cuarto de forma consecutiva y el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, en una jornada marcada por el anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra varios funcionarios del gobierno sandinista.
Ortega, de 76 años, y Murillo de 70, fueron juramentados el lunes en sus cargos por el titular del Parlamento, Gustavo Porras, que horas antes había sido elegido nuevamente presidente del poder Legislativo, cargo que ocupa desde 2017.
“Vamos a seguir luchando para defender al pueblo, para que tenga salud, educación y vivienda”, dijo el excomandante sandinista después de juramentar él mismo a su gabinete en un acto realizado en la plaza de la revolución de Managua, entre banderas sandinistas y de Nicaragua.
En un largo discurso, Ortega pidió el cese de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, y aseguró que el presidente Joe Biden “tiene más de 700 presos políticos”, en alusión a los seguidores del exmandatario Donald Trump que asaltaron la sede del Capitolio hace un año.
“Son 700 presos políticos, ¿qué esperan para ponerlos en libertad? Ahí están duros contra ellos, mientras por otro lado lanzan actividades terroristas, las organizan”, dijo Ortega. También exigió a Washington el pago de una millonaria indemnización que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) avaló en 1986, por la guerra “contra” que Estados Unidos ayudó a financiar en la década de 1980.
Más temprano se anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otros seis funcionarios del gobierno nicaragüense.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, citado en un comunicado oficial, dijo que Nicaragua “continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos”
Los afectados son la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, y los generales del ejército Bayardo Pulido Ortiz y Bayardo Rodríguez Ruiz. Los tres son directivos del instituto de pensiones militares.
También fueron sancionados el exgeneral del ejército Ramón Calderón Vindell, presidente de la junta directiva de la minera estatal ENIMINAS, además de Celina Delgado y Nahima Díaz Flores, directivas del TELCOR. Díaz es además la hija del jefe nacional de la policía, comisionado Francisco Díaz, sancionado previamente.
Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que adicionalmente a estas sanciones Washington tomará medidas para imponer restricciones de visado a 116 individuos «cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluyendo alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios de policía, de prisiones y militares”.
Durante la campaña electoral, entre mayo y noviembre de 2021, el gobierno envió a la cárcel a más de 40 dirigentes opositores, activistas y profesionales, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder a Ortega. Todos ellos continúan encarcelados junto a otros 120 “presos políticos”, de acuerdo con estadísticas de la oposición que no han sido confirmadas por el gobierno.
Desde fines de 2017 Washington ha sancionado a decenas de funcionarios del gobierno, allegados y familiares de Ortega con el bloqueo de bienes e intereses en Estados Unidos y el retiro de visas. También le han suspendido los visados a más de un centenar de jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios policiales y penitenciarios, así como a sus familiares.
Estas sanciones se incrementaron después de abril de 2018, cuando una revuelta social fue sofocada con violencia por policías y paramilitares. Desde entonces, “el régimen de Ortega-Murillo ha reprimido la oposición política y las manifestaciones públicas, lo que ha provocado más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil. Desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses han huido del país”, indicó el comunicado del Departamento del Tesoro.
Estados Unidos aclaró finalmente que las sanciones impuestas este lunes “no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para alentar un cambio positivo de comportamiento” de quienes apoyan al “régimen autoritario” de Ortega y que serían eliminadas de ocurrir ese cambio.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, asistieron a la toma de posesión de Ortega y Murillo. Previamente el gobierno sandinista confirmó la visita de delegaciones oficiales de China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, así como algunos cancilleres y líderes políticos de izquierda.
