El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido un proyecto de ley que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y otros países.
Cuando Estados Unidos aprobó su Ley de Registro de Agentes Extranjeros en 1938, la Segunda Guerra Mundial asomaba en el horizonte y el gobierno temía la difusión de la propaganda nazi.
El contexto político tan diferente de El Salvador actual genera preocupaciones acerca del proyecto que podría ir a votación en las próximas horas.
Tras dos años de gobierno, Bukele goza de gran popularidad. Meses atrás sus partidarios le dieron una amplia victoria electoral que le permite a su partido controlar la Asamblea Legislativa. El nuevo congreso se apresuró a reemplazar a los jueces de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, que habían representado escollos para algunas medidas de Bukele, sobre todo en el inicio de la pandemia.
“Para ser como los países desarrollados, tenemos que hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen», tuiteó Bukele la semana pasada. “Si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros?”
Tras ofrecer una entrevista con uno de los asesores legales del presidente para hablar sobre el proyecto, la presidencia no cumplió. El gobierno ha dicho que la ley es necesaria para proteger a los ciudadanos de la injerencia extranjera.
“Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al poder ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil”.
El proyecto de ley obligaría a cualquier persona u organización en El Salvador que realice actividades “que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero» registrarse como “agentes extranjeros”. De no hacerlo, el gobierno podría clausurar la organización. En comisiones, los legisladores incrementaron las sanciones financieras propuestas e incluyeron la posibilidad de una pena de prisión.
A los agentes extranjeros registrados se les prohibiría “realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país”.
Si bien Bukele dice que sigue el modelo de la ley estadounidense, ésta busca transparentar el accionar político de gobiernos u organizaciones extranjeros en el país. Por ejemplo, sus cabilderos deben registrarse como agentes extranjeros, pero se les permite tratar de ejercer su influencia sobre la política interior.
En cambio, la ley salvadoreña prohibiría explícitamente esa actividad política. Además, el gobierno aplicaría un impuesto de 40% a los fondos que recibieran desde el exterior los agentes extranjeros registrados.
La medida excluiría a las misiones diplomáticas, las agencias internacionales de ayuda y las organizaciones de asistencia humanitaria, así como a aquellos involucrados en actividades religiosas, académicas o de salubridad.
Las preocupaciones crecían en la sociedad civil salvadoreña desde meses atrás. Tras el reemplazo de los jueces de la Corte Suprema, muchos tuvieron la sensación de que no tendrían un recurso legal si el gobierno apuntara sus cañones hacia ellos.
Nicaragua aprobó una ley similar el año pasado, y existen en muchos otros países.
En un artículo publicado el año pasado en el Duke Law Journal, Nick Robinson, asesor jurídico del International Center for Not for Profit Law, advirtió que la ley estadounidense, mejor conocida por sus iniciales FARA, no sólo representaba una amenaza para Estados Unidos, sino para otros países que la utilicen como modelo.
“La ambigüedad de la FARA la vuelve particularmente susceptible a una aplicación politizada”, escribió Robinson. “Aunque aparentemente es una ley de transparencia, la FARA puede utilizarse como arma por medio de la estigmatizadora — y frecuentemente engañosa o imprecisa — etiqueta de ‘agente extranjero’ y las cargas de tener que registrarse, con el fin de castigar las posturas disidentes o controversiales».
Destacó que Rusia y Hungría están promulgando leyes similares que fueron usadas para perseguir a la sociedad civil. Leyes aprobadas en Australia e Israel también desataron preocupaciones en dichas naciones.
Más cerca a El Salvador, los efectos de la ley en Nicaragua fueron drásticos. En agosto, Managua canceló el registro de por lo menos 45 organizaciones no gubernamentales por supuestamente presentar al gobierno reportes incompletos de sus actividades.
El Congreso de Guatemala reformó el año pasado su ley que rige a las organizaciones no gubernamentales. Instaló una mayor supervisión del gobierno a sus actividades y fuentes de recursos y le otorgó al ministerio del Interior una enorme autoridad para determinar su cumplimiento. Al igual que en Nicaragua, el incumplimiento puede sancionarse con la cancelación del registro de dicho organismo.
Uno de los artículos de la ley dejaba abierta la posibilidad de presentar acciones penales en contra de las organizaciones a las que se considere que hayan alterado el orden público. Una organización derechista de Guatemala presentó demandas contra dos grupos que representan a trabajadores agrícolas por promover protestas en contra del gobierno.
Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, señaló que la reforma en ese país «se convirtió en el primer paso para una ruta de obstaculizar el financiamiento para las actividades de las asociaciones no gubernamentales sin fines de lucro que defienden los derechos humanos y el desarrollo de la población”.
Argumentos similares podían escucharse en la Asamblea Legislativa de el Salvador cuando se presentó la iniciativa de “agentes extranjeros”.
La semana pasada, el legislador Christian Guevara, líder del partido Nuevas Ideas —al que pertenece Bukele— en la Asamblea Legislativa, se refirió a algunas organizaciones en específico.
Una de ellas era Cristosal, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos para financiar labores de promoción de justicia y derechos humanos en El Salvador.
“Muchas de estas organizaciones, muchas de estas onegés hablan de transparencia”, comentó. «Ahí está Funde, ahí está Cristosal, varias asociaciones que reciben millones de dólares todos los años y que hoy por primera vez van a transparentar el origen de esos fondos y el destino y ejecución de esos fondos”.
Guevara continuó diciendo que los salvadoreños se sorprenderán de saber “quiénes son toda esta gente que está enviando esta ayuda disfrazada a El Salvador para financiar marchas, para financiar violencia, para financiar actos de terrorismo, para financiar políticos, para financiar partidos políticos”.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, dijo que su organización debería calificar para las excepciones indicadas en la propuesta, pero los comentarios de Guevara parecían indicar lo contrario. Bullock dijo que estaría a favor de respaldar las labores genuinas en pro de mejorar la transparencia, pero subrayó que su organización ya presenta un informe mensual de los donativos que recibe al ministerio de Hacienda. También comparten sus auditorías con el gobierno y entregan reportes sobre sus actividades.
“Así que en verdad no existe una brecha en mecanismos de transparencia sobre lo que organizaciones como la nuestra están haciendo, y esa es una de las razones por las que nos preguntamos sobre cuál es el verdadero motivo detrás de esta nueva ley de agentes extranjeros”, declaró Bullock.
Según documentos fiscales publicados en el sitio web de Cristosal, en 2020 la organización recibió fondos del gobierno estadounidense a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), la Fundación George Soros para Promover una Sociedad Abierta y la Fundación Ford, entre otras.
Otro de los posibles blancos que nombró Guevara es el portal noticioso independiente El Faro, un sitio en el que trabajó hace casi dos décadas. El Faro ha criticado al gobierno de Bukele.
“Yo fui el primer periodista de El Faro por más que ellos quieran negarlo», publicó Guevara en Twitter, refiriéndose al medio por su cuenta en esa red social. «Estuve 5 años sin ganar ni un centavo. Eso es periodismo independiente. Pregunten cuánto ganan ahora los jefes de ese ‘periódico’ y se sorprenderán. Por eso ahora están llorando”.
Sergio Arauz, un editor en El Faro, dijo que la iniciativa busca perseguir a las voces críticas.
“Busca destruir a las organizaciones de sociedad civil que Nayib Bukele considera incómodas», comentó Arauz. “La ley es un ataque más al periodismo que hace El Faro y otros medios independientes”. Añadió que Bukele declaró públicamente el mes pasado que el ministerio de Hacienda investigaba a El Faro por supuesto lavado de dinero.
Arauz dijo que casi dos terceras partes del financiamiento de El Faro provienen de organizaciones internacionales.
César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, dijo que la propuesta legislativa debe verse dentro del contexto político actual del país y que los comentarios de Guevara resultan más reveladores que la misma iniciativa.
Castro, quien también es editor de la revista noticiosa Factum, dijo que Guevara dejó en claro que el motivo es «amordazar a cualquier voz crítica, ya sea desde la sociedad civil o en particular a los medios de comunicación que reciben cooperación internacional”.
