Los abogados de la defensa en un juicio por fraude y extorsión en el Vaticano acusaron hoy a los fiscales de desafiar una orden judicial al ocultar pruebas —incluso un supuesto interrogatorio al papa Francisco— en momentos en que el propio papel del pontífice en una fallida inversión inmobiliaria en Londres volvía a presentarse ante el tribunal.
El presidente del tribunal de la ciudad estado del Vaticano, Giuseppe Pignatone, dijo que el 1 de diciembre dará su fallo sobre un nuevo pedido de la defensa de desestimar la acusación. Pignatone ya ha anulado varios cargos contra algunos de los acusados debido a errores de la fiscalía.
«Está claro que necesitamos más tiempo antes de comenzar, si es que logramos comenzar», dijo Pignatone al tribunal.
El juicio trata de la inversión de la Secretaría de Estado vaticana de 350 millones de euros en un complejo de viviendas de lujo en Londres, una adquisición financiada en buena medida con donaciones de los fieles. Los fiscales del Vaticano acusan a agentes inmobiliarios italianos y funcionarios del Vaticano de defraudar a la Santa Sede y obtener 15 millones de euros por medio de extorsiones al Vaticano para obtener el control de la propiedad. Entre los 10 acusados hay un cardenal.
Los abogados defensores han argumentado que la defensa de sus clientes se ha visto perjudicada por la negativa de los fiscales a entregarles pruebas cruciales, como grabaciones en video de sus interrogatorios de un sospechoso convertido en testigo de cargo estelar, monseñor Alberto Perlasca.
Perlasca era el funcionario vaticano más implicado en el trato en Londres y firmó todos los contratos con los agentes. En un principio Perlasca fue investigado, pero a partir de agosto de 2020 empezó a cooperar con los fiscales, que lo retiraron de la lista de sospechosos.
Los fiscales entregaron las grabaciones de Perlasca al tribunal el 3 de noviembre después de rechazar inicialmente una orden de la corte, pero las cintas contenían varios cortes, lo que según los fiscales era necesario por «razones investigativas».
La defensa objetó el miércoles y exigió que los fiscales acaten plenamente la orden que Pignatone emitió el 29 de julio y reiteró el 6 de octubre de entregar las cintas completas.
El abogado Luigi Panella, que representa a quien fue durante muchos años el gerente financiero del Vaticano, acusó a los fiscales de efectuar cortes «injustificables» y observó que nada en la ley del Vaticano permite enmendar las pruebas. También mencionó las «incongruencias» entre las cintas actuales y los resúmenes de los propios fiscales de lo que se dijo.
Panella citó un interrogatorio de Perlasca en el cual no hay mención en el resumen escrito del hecho de que el fiscal Alessandro Diddi objetó la versión de los hechos de Perlasca al decir que el papa le dio una versión diferente. Con ello, Diddi insinuó que tuvo contactos con el papa que no fueron transcritos ni entregados a la defensa.
«Antes de hacer lo que estamos haciendo, nosotros fuimos al Santo Padre y le preguntamos qué había sucedido», dijo Diddi a Perlasca según la transcripción de la cinta. Diddi afirmó luego que su oficina jamás interrogó al pontífice y que se refería a pronunciamientos públicos de Francisco.
Sin embargo, el asunto concierne el papel de Francisco en las negociaciones del Vaticano con el agente inmobiliario Gianluigi Torzi, acusado de extorsionar a la Santa Sede por 15 millones de euros y controlar el inmueble.
Según la transcripción, Perlasca dijo a Diddi que el papa autorizó a funcionarios vaticanos a negociar un acuerdo con Torzi. Otros testigos han dicho lo mismo e incluso el jefe de personal de la Secretaría de Estado, arzobispo Edgar Peña Parra, ha dicho que fue el papa quien decidió que el Vaticano negociara con Torzi y que no tratara de demandarlo.
En un memorando a los fiscales, Peña Parra dijo que Francisco dejó en claro para noviembre de 2018 que quería perder la menor suma de dinero posible, asegurar la propiedad del inmueble y «dar vuelta la página y volver a empezar».
Al comprender que Torzi controlaba el inmueble y con base en el deseo de Francisco de avanzar, Peña Parra dijo que el Vaticano tenía dos opciones: demandar a Torzi o pagarle las 1.000 acciones con derecho a voto en su poder.
«Entre esas dos opciones, ante el consejo de abogados y expertos, se escogió la segunda opción porque se la consideraba la más económica, con riesgos menores y plazos más manejables», escribió Peña Parra, quien no es un sospechoso. «También se alineaba con el deseo del Superior», una alusión a Francisco.
