La organización Human Rights Watch, la Iglesia católica y diversos sectores bolivianos pidieron ayer que se establezca una mesa de diálogo en el cuarto día de protestas, mientras el presidente Luis Arce llamó a defender al gobierno.
El presidente Arce, heredero político de Evo Morales, «debe llamar a la calma y el diálogo, asegurar el derecho a la protesta pacífica sin importar la posición política y garantizar el trabajo de la prensa», escribió en su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Un manifestante de 22 años falleció el martes en la noche en la sureña ciudad de Potosí. La autopsia reveló que el joven falleció por broncoaspiración mientras masticaba hojas de coca en medio de enfrentamientos callejeros entre grupos oficialistas que pretendían romper los bloqueos en calles y avenidas y manifestantes antigubernamentales, declaró Juan Carlos Manuel, dirigente del Comité Cívico de Potosí.
«Cada vida humana es única e irrepetible, que se privilegie el diálogo, exponer ideas y llegar a acuerdos, no optar por la violencia y enfrentamiento», pidió el padre Diego Plá, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana.
El jueves había marchas en varias ciudades del país y podría haber un primer acercamiento con el gobierno, dijo a radio Compañera el dirigente de los pequeños comerciantes, Francisco Figueroa, sin dar más detalles.
En tanto, el presidente Arce pidió «defender» a su gobierno y sostuvo que «les hemos ganado en la cancha y ellos (la oposición) lo que no han ganado en las urnas quieren arrancarnos con sus movilizaciones».
La protestas son en rechazo a la llamada «ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo» aprobada en agosto y que impone fuertes controles para evitar que dinero ilícito se infiltre en el mercado legal al tiempo que permite la intervención de la justicia a sola denuncia.
Los sectores informales sostienen que atenta contra el patrimonio de las personas y la consideran «confiscatoria», según Francisco Figueroa, dirigente de los vendedores callejeros y pequeños comerciantes, el gremio con más de medio millón de afiliados en un país donde la informalidad está por encima del 70%, según expertos.
Por su parte, la oposición rechaza la ley porque considera que abre paso a la persecución política en momentos en que más de medio centenar de líderes opositores han sido encarcelados y son procesados por la crisis política de fines de 2019.
Los dirigentes campesinos también pidieron diálogo para evitar confrontaciones mientras Morales recordaba un año de su retorno del exilio en un estadio, rodeado de sus bases cocaleras.
Morales regresó de Argentina, donde permaneció luego de la crisis política de fines de 2019 cuando unas elecciones denunciadas de fraudulentas encendieron una protesta social con 37 muertos que precipitaron su renuncia a la presidencia.
Morales es líder del gobernante Movimiento al Socialismo, que controla la mayoría en la Asamblea Legislativa, y es acusado por la oposición de influir en el gobierno de Arce.
