Un tribunal absolvió ayer al expresidente panameño Ricardo Martinelli en un segundo juicio por cargos de espionaje a políticos, periodistas, gremialistas y figuras de la sociedad civil. Es el segundo dictamen favorable para el exgobernante y magnate de los supermercados que aspira a volver a competir en los comicios generales de 2024.
Hace algo más de dos años, otro jurado emitió el mismo veredicto en el mismo caso, pero un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y ordenó el nuevo juicio. En el fallo del martes por la noche, las tres juezas en el proceso señalaron que «no consta que (Martinelli) haya dado de forma directa órdenes» para las escuchas ilegales.
«Siete años en esta tortura y este suplicio», declaró Martinelli a su salida de la sala tras el veredicto unánime de tres jueces y en medio de la algarabía de más de un centenar de seguidores que festejaron el fallo. «Le doy gracias a Dios, a la justicia panameña. He sufrido mucho y no quiero que esto que me ha pasado a mí le pase a ningún panameño», agregó el exlíder, quien levantó un cinturón de campeón de boxeo.
El veredicto, que libró a Martinelli de una inhabilitación en funciones públicas, podría dividir a sectores aliados del expresidente con panameños que esperaban que la justicia diera un dictamen de castigo por las supuestas escuchas ilegales. El fallo de no culpabilidad de hace dos años generó fuertes cuestionamientos a un sistema de justicia de por sí ya muy criticado desde hace buen tiempo.
«Verdaderamente siento que es increíble», reaccionó ante la prensa local Aurelio Barría, un legendario dirigente de la lucha civilista contra la pasada dictadura del hoy fallecido general Manuel Antonio Noriega y que figuró entre las supuestas víctimas de los llamados pinchazos. «He sido testigo y luego de haber observado que mis celulares y computadoras fueron interceptados por el Consejo de Seguridad, ahora no hay nadie responsable».
«Se acabó el caso de los pinchazos: QEPD la justicia panameña y el futuro del país», tuiteó el conocido analista y abogado panameño Rodrigo Noriega.
El dictamen tiene lugar un día después de que el representante del Ministerio Público, los querellantes y la defensa ofrecieran sus alegatos finales luego de tres meses de audiencias en medio de la pandemia.
Se trata del mismo caso por el que Martinelli enfrentó un primer juicio y fue declarado no culpable en agosto de 2019. Casi un año después, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo proceso, el primero en su tipo que se realiza en Panamá.
La fiscalía había asegurado en su alegato que Martinelli «organizó y estructuró» desde un edificio del Consejo Nacional de Seguridad, dependiente de la presidencia, todo un mecanismo para interceptar computadoras y teléfonos móviles de más de un centenar de personas, entre líderes políticos, gremiales, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014. Para ello, agregó, se utilizaron al menos dos programas, incluido Pegasus, que está en medio de investigaciones por su uso para espiar a comunicadores, activistas de derechos humanos y disidentes políticos en 50 países.
Uno de los abogados defensores, Sidney Sittón, aseguró a The Associated Press que el fallo «destaca que no hubo análisis forense informático de ningún dispositivo. Hablaban de un software (pero) las juezas dicen que ni siquiera mostraron que se había comprado».
Martinelli insistió que se trató de un caso de persecución política en su contra montado por el entonces gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que lo sucedió en el periodo de 2014 a 2019. Varela ha rechazado tales señalamientos. «Todo es político con el fin de no dejarme correr», tuiteó Martinelli antes del dictamen.
El exgobernante alcanzó acuerdos extrajudiciales con varios denunciantes, aunque otro grupo de presuntos afectados se mantuvo en el proceso y la víspera siete hablaron ante las juezas por primera vez después de los alegatos finales.
Martinelli gobernó entre 2009 y 2014 y lideró un periodo de rápido crecimiento económico gracias a la construcción de grandes obras que se vieron luego empañadas por denuncias de presunta corrupción. Casi un año después de dejar el poder la justicia le abrió una causa penal por las supuestas escuchas ilegales y meses después pidió la detención del exgobernante, que había partido al extranjero.
A mediados de 2017 se le detuvo en Miami tras un pedido de extradición formulado por Panamá a Estados Unidos para que enfrentase a la justicia, lo que se concretó un año después. El exmandatario fue encontrado no culpable en agosto de 2019, sentencia que fue apelada por la fiscalía.
La víspera un grupo de simpatizantes se congregó afuera del tribunal para respaldar al expresidente.
El fin del juicio coincide con un proceso en Guatemala contra los dos hijos del exmandatario, Enrique y Ricardo Alberto. Ese país dio luz verde para la extradición en los próximos días de ambos a Estados Unidos, donde son requeridos por acusaciones de presunto lavado de dinero relacionado con sobornos entregados por la brasileña Odebrecht. Los hermanos fueron detenidos en julio de 2020.
