MIAMI/AP
Un juez federal de Miami aceptó el lunes un pedido de la fiscalía y desechó gran parte de los cargos de lavado de dinero que enfrentaba el empresario colombiano Alex Saab en una investigación sobre el presunto pago de sobornos por cientos de millones de dólares para asegurarse contratos con el gobierno de Venezuela.
En una orden de un párrafo, el juez Robert Scola retiró siete de las ocho acusaciones contra Saab, considerado por Estados Unidos uno de los testaferros del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En julio de 2019 Saab fue acusado junto a su compatriota Álvaro Pulido de asociación ilícita para lavar dinero y siete acusaciones más de lavado de instrumentos monetarios. En su moción presentada ante Scola, los fiscales explicaron que sólo querían mantener una acusación para cumplir con las garantías que habían ofrecido a Cabo Verde durante el proceso de extradición de Saab desde esa república.
La orden del juez tuvo lugar horas después de que otro magistrado que estaba de turno aceptó postergar por dos semanas una audiencia que debía realizarse el lunes después de que el abogado de Saab, Henry Bell, dijo que aún no había podido reunirse con su cliente porque está en cuarentena en la cárcel siguiendo los protocolos de COVID-19 tras su extradición.
El magistrado Edwin Torres postergó la audiencia para el 15 de noviembre, pero Saab notificó posteriormente que renunciaba a su derecho a presentarse en persona o a través de Zoom, en lo que podría ser un intento por evadir a la prensa ante la falta de una respuesta del juez a su pedido de limitar el acceso del público a las audiencias virtuales.
Se esperaba que Saab se declarara inocente de lavado de dinero en la audiencia del lunes. La postergación y el pedido de la fiscalía tuvieron lugar dos semanas después de la primera comparecencia de Saab ante un tribunal de Miami tras su extradición desde Cabo Verde, que tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.
Fueron también un día después de que México anunciara denuncias y el bloqueo de dinero de más de una veintena de personas que habrían participado en un esquema delictivo de envío de alimentos a Venezuela en el que habría participado Saab.
Poco después de ser extraditado, Saab expresó que era inocente y dijo que no tenía en qué colaborar con Estados Unidos, como suelen hacer algunos acusados al sellar acuerdos con los fiscales para obtener una reducción de sus condenas.
Saab, de 49 años, permanece detenido en una prisión federal de Miami.
A la primera audiencia de hace dos semanas se conectaron más de 300 personas. Bell pidió posteriormente que se limite el acceso de la prensa alegando que se habían violado las leyes con la publicación de imágenes y videos de su cliente tomadas a través de Zoom.
Ante la falta de pronunciamiento del juez, Saab notificó el lunes que había decidido renunciar a su derecho de estar presente en la próxima audiencia y autorizaba a Bell a representarlo.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Saab aparece también involucrado en otro caso judicial relacionado con contratos de suministro de alimentos y medicinas al gobierno de Maduro. Al menos parte de esos alimentos provenían de México y luego eran enviados a Venezuela con sobreprecios.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana presentó ante la Fiscalía General de ese país cinco denuncias contra 25 personas involucradas en ese esquema delictivo y acordó el bloqueo de cuentas por unos 2,8 millones de dólares de quienes se presume están involucrados en la red de lavado de dinero relacionada con Saab.
Asimismo, la UIF presentó dos denuncias contra funcionarios que trabajaron en la propia unidad y en el Ministerio Público durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) por haber participado en un “acuerdo reparatorio ilegal” para dar por cerrado el caso sobre la compra de alimentos con sobreprecio en México.
