Un jurado federal determinó ayer que The GEO Group deberá pagar el salario mínimo —en lugar de un dólar al día— a los inmigrantes detenidos que realicen tareas como cocinar o limpiar dentro de su centro de detención con fines de lucro en el estado de Washington.
El veredicto se produjo en una corte federal de distrito en Tacoma durante el segundo juicio sobre el tema. El primer proceso concluyó en junio sin que el jurado llegara a una determinación.
«Esta corporación multimillonaria explotó ilegalmente a las personas que detiene para llenarse los bolsillos», dijo el secretario de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado enviado por correo electrónico. «El triunfo de hoy envía un mensaje claro: Washington no tolerará que las corporaciones se enriquezcan violando los derechos de la gente».
Ahora, el jurado debe considerar cuánto dinero se les debe a los inmigrantes detenidos que trabajaron en las instalaciones —una cifra que se presume alcanzará los millones de dólares_, y el juez federal Robert Bryan determinará qué tanto deberá pagarle The Geo Group al estado de Washington por los señalamientos de que la compañía se enriqueció de manera injusta.
Ferguson demandó a The Geo Group en 2017, alegando que la compañía con sede en Florida lucró injustamente al dirigir al Centro de Detención del Noroeste, en Tacoma, a expensas de trabajadores cautivos.
Ese mismo año se presentó otra demanda a nombre de los trabajadores, en la que exigían pagos atrasados. El juez, quien rechazó varios intentos de GEO de desestimar las demandas, consolidó los casos para ir a juicio.
GEO no respondió de momento a un email en busca de comentarios, pero se prevé que la compañía presente una apelación.
La compañía sostuvo que los detenidos no eran empleados según la Ley de Salarios Mínimos de Washington. Incluso si lo fueran, aseguró la empresa, sería ilegalmente discriminatorio que Washington le obligara a pagarles el salario mínimo —actualmente de 13,69 dólares la hora— cuando el estado no les paga el salario mínimo a los reclusos que trabajan en sus propias prisiones o centros de detención.
La definición de «empleado» en la ley de salarios mínimos de Washington es ambigua, debido a que incluye a cualquier persona a la que un empleador le permita trabajar, sin importar su estatus migratorio o legal. La ley señala que los residentes de una instalación de detención «estatal, condal o municipal» no tienen derecho al salario mínimo por las labores que realicen.
El centro de detención no encajaba con la exención al ser una instalación privada y con fines de lucro, y no una «estatal, condal o municipal», argumentaron los abogados de la entidad y de los detenidos.
El centro de detención del Noroeste alberga a personas que están bajo custodia en lo que el gobierno federal resuelve si deportarlos o revisa su estatus migratorio. Tiene capacidad hasta para 1.575 detenidos, convirtiéndola en una las prisiones migratorias más grandes del país, aunque la población ha disminuido en gran medida durante la pandemia de coronavirus.
Durante el primer juicio, GEO reconoció que podría pagarles más a los detenidos si quisiera hacerlo. En 2018, la compañía tuvo ganancias por 18,6 millones de dólares en la instalación. Pagarle el salario mínimo a los detenidos le costaría 3,4 millones.
Washington parece ser el único estado en demandar a un contratista privado de centros de detención por no pagarle el salario mínimo a los inmigrantes detenidos. Sin embargo, se han presentado demandas similares a nombre de migrantes detenidos en otros estados, incluyendo Nuevo México, Colorado y California, con el objetivo de obligar a GEO y a otra importante compañía privada, CoreCivic, a pagar el salario mínimo a sus detenidos.
Un juez federal rechazó la demanda presentada por exreclusos del centro de detención Cibola, de CoreCivic, en Nuevo México. La decisión fue ratificada por el panel de un tribunal federal de apelaciones en marzo.
«Las personas en detención bajo custodia —como los recurrentes — no están en una relación entre empleador y empleado, sino en una relación entre el que detiene y el detenido», escribió el panel.
