La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch denunció hoy que el gobierno de Cuba respondió a las protestas callejeras de julio pasado con «detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos».
«El gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso», dijo Juan Pappier, investigador para las Américas de HRW. «Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales».
En un nuevo informe en el que describió a las protestas como «abrumadoramente pacíficas», HRW dijo que «los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad» en diferentes áreas de Cuba sugieren «de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir las protestas».
Miles de cubanos salieron a las calles en diferentes partes de la isla el 11 de julio pasado para protestar por violaciones a los derechos humanos, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta de las autoridades ante la pandemia de coronavirus. Fueron las manifestaciones contra el gobierno cubano más concurridas en décadas, a las que las autoridades calificaron como una campaña promovida por sus detractores de fuera de la isla a través de las redes sociales.
Cuba vive una de sus peores crisis económicas de las últimas décadas, que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos en busca de presionar un cambio de modelo político en la isla.
De acuerdo con HRW, cientos de manifestantes fueron detenidos durante las protestas, entre ellos críticos y opositores. El gobierno cubano sólo ha ofrecido información acerca de algunos juicios y algún liberado, pero no ha dado detalles de cuántas personas fueron detenidas. Familiares y amigos de cubanos arrestados han denunciado que las autoridades judiciales realizaron procesos sumarios contra los manifestantes.
Las autoridades de la isla han sido fuertemente criticadas por organizaciones internacionales y otros gobiernos por la respuesta contra los manifestantes.
Días después de las protestas, el canciller Bruno Rodríguez dijo que las detenciones se ajustaban a la ley y negó la existencia de desaparecidos o no identificados entre los detenidos, menores de edad presos o que sometiera a torturas a alguien, como denunciaban algunos mensajes en las redes sociales.
De acuerdo con HRW, muchos de esos detenidos «fueron sometidos a abusos brutales durante su detención» y decenas enfrentaron juicios que violaron las garantías del debido proceso. La organización dijo que al menos una persona murió y cientos permanecen aún arrestados o bajo detención domiciliaria, incluidos menores de 18 años.
Entre los funcionarios implicados en esos abusos, HRW menciona a miembros de los servicios de inteligencia, las fuerzas militares, la policía nacional y los integrantes de la brigada especial del ministerio del Interior conocida como «boinas negras». Además, indica, algunos grupos civiles organizados por el gobierno —conocidos como brigadas de respuesta rápida— estuvieron implicados en golpizas, mientras que jueces y fiscales «facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos».
En su informe, la organización explica que ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas y en la Isla de la Juventud, considerada como un municipio aparte. Esas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, indicó HRW.
La organización dijo que entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados; consultó documentos judiciales, multas a los manifestantes, artículos periodísticos y publicaciones de organizaciones de derechos humanos de la isla; y corroboró también videos y fotos.
De los 130 casos documentados por HRW, las autoridades sólo acusaron a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de ellos por arrojar piedras, dijo la organización.
En la mayoría de los casos, los detenidos estuvieron incomunicados por varios días o semanas, fueron arrestados con violencia y a veces también recibieron malos tratos estando detenidos, según el informe. Algunas víctimas, señala, «fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural… a otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares».
El informe incluye ejemplos y testimonios de personas que dicen haber sido detenidas arbitrariamente, de abusos en las detenciones, y de juicios que no siguieron el debido proceso. HRW asegura que todos los casos documentados están basados en relatos directos de la víctima, un familiar o su abogado.
