Centenares de manifestantes salieron a las calles en Italia para protestar hoy al entrar en vigor una de las medidas anticoronavirus más estrictas en Europa, que requiere que todos los trabajadores, desde magistrados hasta mucamas, muestren un pase de vacunación para ingresar a sus centros de trabajo.
Las autoridades desplegaron fuerzas de la policía, las escuelas concluyeron sus clases temprano y las embajadas emitieron advertencias de violencia en medio de temores de que las manifestaciones antivacunas se vuelvan violentas, como sucedió en Roma el fin de semana pasado.
Los llamados «Pases Verdes» muestran que el portador ya fue vacunado, que tuvo una prueba negativa reciente o que se recuperó del COVID-19 en los últimos seis meses.
Italia ya requería los pases para que sus poseedores pudieran acceder a diferentes sitios en interiores, incluso restaurantes, museos, teatros y trenes de larga distancia.
Pero la adición de los requerimientos para lugares de trabajo ha desatado un debate acalorado y la oposición en un país que fue un epicentro de la pandemia y donde las tasas de vacunación están entre las más elevadas de Europa.
«Hoy estamos pisando nuestra Constitución», dijo un manifestante antivacunas, Loris Mazzarato. «Yo digo NO a la discriminación».
Mazzarato estaba entre los centenares de manifestantes en Trieste, donde las protestas de los trabajadores portuarios que se negaron a mostrar Pases Verdes amenazaban con impactar las actividades comerciales, aunque reportes preliminares indicaban que el puerto seguía operando. Los manifestantes corearon «Libertad» en una manifestación pacífica en Florencia.
La nueva regla en un país que impuso el primer confinamiento por la pandemia del coronavirus en Occidente, así como y suspensiones de la producción, impone cargas tanto a trabajadores como sus empleadores, con la amenaza de multas para alentar el cumplimiento. Escáneres electrónicos que pueden leer códigos en celulares con el Pase Verde fueron colocados en lugares de trabajo grandes, como la oficina del primer ministro Mario Draghi y las oficinas centrales del ferrocarril estatal Trenitalia.
Pero en los lugares de trabajo menores, como restaurantes y clubes de tenis, los empleadores y gerentes tuvieron que descargar una aplicación que escanea los códigos. Las sanciones a los empleadores que no cumplan con la regla pudieran ir de 400 a 1.000 euros.
