El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha hecho del combate a la corrupción una parte central de su agenda política, por lo que el hecho de que un exfuncionario acusado de corrupción haya sido fotografiado en un restaurante de lujo no dejó una buena imagen.
Las fotografías de Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal petrolera Pemex y testigo del gobierno en un caso de corrupción por cientos de millones de dólares en sobornos, no pudieron haber circulado en peor momento.
Actualmente, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, intenta encarcelar a 31 académicos en una prisión de máxima seguridad porque asegura que recibieron indebidamente unos 2,5 millones de dólares en fondos del gobierno hace varios años. Las leyes de aquel momento permitían dichas aportaciones financieras, y los investigadores aseguran que ese dinero no se malgastó.
En tanto, Gertz Manero no ha podido encarcelar a ninguna de las principales figuras implicadas en un enorme caso de corrupción en Pemex que casi llevó a la quiebra a la compañía.
Alejandro Hope, analista en seguridad de la Ciudad de México, consideró que las fotografías dan muy mala impresión. «Son horribles», señaló.
El mismo López Obrador se molestó con las imágenes de Lozoya en un restaurante de la Ciudad de México, a pesar de que, como testigo protegido, no está confinado a su residencia ni bajo ningún tipo de arresto.
«Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas, es una imprudencia, para decir lo menos», afirmó el mandatario. «Un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido».
Es incluso más vergonzoso porque López Obrador anunció el lunes que realizará apenas su segundo viaje al exterior desde que es presidente, una visita a las Naciones Unidas el 9 de noviembre para pronunciar un discurso sobre los peligros de la corrupción.
Lozoya huyó a España, donde fue arrestado y extraditado de regreso a México en 2020. Rápidamente decidió entregar evidencia y testificar en contra de otros exfuncionarios a cambio de no ser encarcelado.
Lozoya aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto, y su brazo derecho, el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos a cinco senadores, para que apoyaran una controversial reforma energética y otras entre 2013 y 2014.
Lozoya también enfrenta cargos por corrupción relacionados con la compra a precio inflado de una planta de fertilizantes y por millones de dólares en sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Ha dicho que Peña Nieto y Videgaray le indicaron que utilizara 4 millones de dólares procedentes de Odebrecht para pagarles a asesores de campaña extranjeros que trabajaron en la campaña electoral de Peña Nieto en 2012.
Videgaray ha negado las acusaciones. Peña Nieto, quien dejó la presidencia en 2018 y, según reportes, vive en el extranjero, no ha hecho declaraciones públicas desde que surgieron las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos.
Y el empresario acusado de defraudar al gobierno en el acuerdo por la planta fertilizadora rápidamente reembolsó parte del dinero y fue liberado.
Así que las únicas personas que la fiscalía realmente persigue en este caso son políticos de oposición que supuestamente recibieron los sobornos, lo que ha generado sospechas en un país donde desde hace muchos años se utiliza la ley únicamente para castigar a enemigos políticos.
La oficina de Gertz Manero indicó en un comunicado que el caso contra Lozoya y otros tres supuestos funcionarios corruptos continúa. Dijo que la próxima audiencia programada en el caso es el 3 de noviembre.
Pero el exdirector de Pemex ya ha obtenido varias extensiones en el caso. «Lozoya puede jugar con los tiempos, apostando a que se acabe el sexenio», comentó Hope.
Las fotografías de Lozoya cenando en compañía de sus amigos prácticamente echan por la borda la idea de que López Obrador castigaría enérgicamente los delitos cometidos en el pasado, añadió el analista.
«Es el último clavo en el ataúd de la fantasía de que este caso iba a destapar la cloaca de la corrupción», añadió Hope.
En tanto, la oficina de Gertz Manero sigue intentando encarcelar a 31 académicos e investigadores en una prisión de máxima seguridad que por lo general está reservada para capos del narcotráfico, a pesar de que un juez ya se negó a emitir órdenes de arresto en su contra.
Investigadores en México y el extranjero manifestaron su rechazo el mes pasado, después de que la fiscalía acusó a los académicos y miembros de un consejo de asesoría científica de lavado de dinero, crimen organizado y enriquecimiento ilícito por supuestamente gastar demasiado dinero en productos innecesarios que no están relacionados directamente con las labores de investigación.
Miembros de dicho consejo, el cual fue creado para promover la discusión científica, señalan que no se malgastaron esos 2,5 millones de dólares y que operó bajo las propias reglas de la junta por más de 15 años.
