QUITO / AP
Organismos nacionales e internacionales demandaron al gobierno ecuatoriano agilidad en la investigación para determinar las responsabilidades de la masacre en la penitenciaría del Litoral, que dejó 118 muertos, y presionaron por adopción de acciones efectivas para afrontar la crisis carcelaria.
Como medidas inmediatas, el régimen anunció la tarde del miércoles la tramitación de 2.000 indultos y la repatriación de unos 82 presos extranjeros para liberar el hacinamiento carcelario. Esto como parte de un plan de reestructuración integral, que incluye la construcción y rehabilitación del complejo carcelario del Litoral y que requerirá unos 12 millones de dólares en inversión.
El Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador hizo un llamado para que se asegure una investigación “pronta e imparcial” de los violentos sucesos en el recinto penitenciario, así como una “gestión de la crisis conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”. En un comunicado se comprometió con el acompañamiento y asistencia técnica para impulsar una reforma penitenciaria integral.
El relator de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para Personas Privadas de la Libertad y Combate a la Tortura, Stuardo Ralón, condenó en Twitter los hechos de violencia sucedidos el martes cuando una guerra sangrienta entre bandas delictivas locales provocó la peor masacre en la historia carcelaria de Ecuador.
En lo que va del año, el país ha registrado al menos tres episodios más de violencia entre reos, con más de un centenar de fallecidos.
Ralón recordó que la vida e integridad de todas las personas detenidas debe ser garantizada por el Estado, por lo que instó al gobierno “a que tome todas las medidas para que estos hechos no vuelvan a repetirse” e investigue los sucesos violentos en ese centro carcelario.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo le recordó al gobierno en un comunicado oficial que los privados de libertad constituyen un grupo de atención prioritaria por mandato constitucional, cuyo derecho fundamental es el respeto a su integridad física. A su vez, instó al Ejecutivo a que lleve a cabo una “investigación judicial exhaustiva y expedita” sobre la masacre para determinar a los responsables de las muertes y lesiones de los detenidos y de los miembros de la policía heridos.
En diálogo con The Associated Press, la vice Defensora del Pueblo, Gabriela Bermeo, aseguró que uno de los problemas más graves que afronta el sistema carcelario es el hacinamiento debido a la burocratización de casos que habiendo cumplido un 60% de la condena y teniendo derecho a la revisión de su sentencia no salen en libertad condicional porque no se tramitan los pedidos. El segundo motivo sería el abuso de la prisión preventiva.
Bermeo dijo que por “dignidad humana” no se puede tener en prisión a una persona “por un delito de 10 dólares”, ya que lo que estaría haciendo el Estado ecuatoriano es “criminalizar la pobreza”, por lo que se requiere una política de rehabilitación social que tome en cuenta los contextos.
Ecuador registra unos 40.000 detenidos en el sistema penitenciario de los cuales 8.542 corresponden al centro penitenciario del Litoral. Según datos proporcionados por el director del Servicio de atención a privados de libertad, en ese recinto carcelario el hacinamiento es de un 62%, mientras a nivel nacional es de 55%.
En el marco del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, por grave conmoción interna, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad realizó un registro y conteo de 8.167 detenidos presentes en los 12 pabellones y 48 alas de la penitenciaría del Litoral, mientras los 79 heridos se encuentran en casas de salud con custodia. La identificación de los cadáveres continuaba el viernes a través del cotejamiento de huellas dactilares.
La Policía Nacional informó que durante operativos de requisa se encontraron tres pistolas, 435 municiones, 25 armas blancas, tres artefactos explosivos y varias dosis de droga. Las Fuerzas Armadas señalaron que cooperan en las tareas de “restablecimiento en el control y seguridad” a través de la inspección de armas, municiones, explosivos y accesorios en el primer filtro de ingreso y en las vías de acceso a los centros carcelarios del país.
