La Corte Suprema de Justicia de El Salvador pidió a jueces y magistrados mayores de 60 años o 30 de servicio que renuncien voluntariamente para poder gozar de una bonificación. De lo contrario, quedarán cesados de pleno derecho.
La noche del 31 de agosto, la Asamblea Legislativa probó reformas a la Ley de la Carrera Judicial que facilita que la Corte Suprema de Justicia traslade o despida a los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, o hacer traslados, es decir, que su trabajo cambie de sede.
Las reformas, aprobadas con los votos del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, que controla por completo al Congreso Unicameral, fueron criticadas por diputados opositores. Más tarde recibió el rechazo de jueces, gremiales de abogados y organizaciones de la sociedad civil.
Para facilitar la renuncia, la Corte Suprema decidió otorgar una bonificación equivalente a 24 meses del último salario devengado pero también advierte que, si no renuncian voluntariamente, «quedarán cesados de pleno derecho». Agrega que aquellos jueces que no hayan cumplido los 60 de edad o 30 de servicio deberán de solicitar a la Corte Suprema quedar en régimen de disponibilidad a efecto que puedan continuar sus labores en las sedes judiciales en las que se encuentran a la fecha de entrada en vigor el decreto legislativo.
También señalan que quedaran exentos del cese de sus labores los jueces y magistrados que estén conociendo «casos cuya relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad estén abiertos en la actualidad».
Los jueces y magistrados han salido a las calles de la capital salvadoreña para pedir que se derogue el decreto que oficializa los despidos por tratarse de «una «purga», pero sus demandas no han sido escuchadas
Se estima que más de 260 jueces y magistrados, que cumplen con los requisitos señalados en la reforma podrían ser destituidos y reemplazados por jueces designados por la Corte Suprema.
En mayo, al entrar en funciones, la actual Asamblea Legislativa destituyó de un plumazo a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, una medida percibida como un golpe a la institucionalidad. Esa misma noche, el pleno de la Asamblea escogió y juramentó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al nuevo fiscal general.
El lunes, Estados Unidos incluyó a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en una lista de personas que socavan la democracia
La encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Jean Manes, explicó que decidieron retirarles las visas a los magistrados porque aceptaron asumir el cargo de una forma inconstitucional «y por supuesto se están tomando decisiones en contra de su propia Constitución, como permitir la reelección de su presidente que está claramente no permitido por la Constitución».
Los magistrados sancionados no pueden obtener visa para viajar a Estados Unidos ni ingresar al país en caso de que la tengan desde antes.
